Presidenta: No es la extrema derecha, es el Departamento de Estado | Artículo por Alberto Islas

Por Alberto Islas
CEO, Global Leading Solutions

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que la extrema derecha de los Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Justicia y la Corte del Distrito Sur de Nueva York, mantiene una colusión para vulnerar la soberanía de México. Esto, a raíz de la solicitud de ubicar y detener a funcionarios públicos y representantes electos del estado de Sinaloa, presuntamente involucrados en las operaciones del Cártel de Sinaloa.

A los acusados que defiende la mandataria no se les persigue por su ideología. De hecho, ninguno de ellos cuenta con un registro público en el que promueva, por ejemplo, la legalización de las drogas; una postura que la propia presidenta tampoco ha respaldado de manera abierta. En el ámbito diplomático, las verdaderas violaciones a la soberanía suelen derivar de profundas discrepancias ideológicas o de conflictos económicos, no de la persecución penal del crimen organizado transnacional.

Antes de la petición para localizar al gobernador Rubén Rocha Moya, México ya había extraditado a más de 1,100 criminales a los Estados Unidos. Estas acciones no han sido concesiones políticas discrecionales, sino el cumplimiento de obligaciones jurídicas binacionales fundamentadas en el Tratado de Extradición de 1978 (en vigor desde 1980) y ratificadas en los compromisos del Entendimiento Bicentenario. Sin embargo, históricamente, ninguno de los extraditados había sido un funcionario en funciones de MORENA.

Hoy, ante la negativa a cooperar, la presidencia corre el riesgo de contravenir estos acuerdos internacionales y convertirse en un instrumento de obstrucción a la justicia al frenar procesos contra miembros de su partido señalados por delitos graves como el trasiego de drogas, asesinato, secuestro y actos de terrorismo.

El discurso oficial parece omitir que estas acusaciones se fundamentan en procesos judiciales iniciados durante la administración del presidente demócrata Joe Biden, y que las cortes clave en estos casos están a cargo de jueces nominados en su momento por el presidente demócrata Barack Obama. No se trata de un embate partidista de la oposición estadounidense, sino de investigaciones de gran alcance lideradas por las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales para el Control de Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF). Este modelo coordina de forma autónoma agencias como la DEA, el FBI, la CIA, la NSA, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, operando con independencia de los ciclos electorales de la Casa Blanca.

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Entre estos funcionarios de carrera existe un sólido consenso institucional: el poder operativo de los cárteles en México es incomprensible sin la facilitación, la colaboración y la colusión de funcionarios públicos en los tres órdenes de gobierno.

Este consenso no es nuevo; se documenta desde hace más de 25 años. Comenzó a tomar forma cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó durante los primeros 15 días del sexenio de Vicente Fox, y se consolidó con las omisiones de la administración de Felipe Calderón y el posterior encarcelamiento de Genaro García Luna. La segunda fuga de Guzmán Loera y el papel errático de Miguel Ángel Osorio Chong en las primeras 72 horas del gobierno de Enrique Peña Nieto, sumados a los señalamientos de financiamiento de campañas políticas provenientes de Venezuela y Ecuador, marcaron un enfriamiento constante de las relaciones bilaterales.

Con Andrés Manuel López Obrador, la fractura de la confianza institucional se profundizó drásticamente mediante la reforma a la Ley de Seguridad Nacional en diciembre de 2020, que despojó de inmunidad a los agentes extranjeros y restringió severamente el intercambio de inteligencia en tiempo real. Esta política de seguridad pasiva y aislamiento operativo terminó por minar la arquitectura de la cooperación binacional.

La presión actual sobre la administración de Sheinbaum es el resultado directo de un punto de inflexión reciente: la reconfiguración interna del Cártel de Sinaloa tras las operaciones de inteligencia de 2024, en particular la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. A partir de estos eventos, los reportes de las agencias de seguridad estadounidenses han dejado de enfocarse únicamente en los líderes operativos y han centrado sus esfuerzos en las redes de protección política a nivel estatal y municipal, identificándolas como el principal habilitador del tráfico de fentanilo y de la violencia armada.

Acusar una conspiración ideológica de la extrema derecha frente a un engranaje institucional de esta magnitud resulta, por lo tanto, un diagnóstico equivocado y contraproducente para la estabilidad de la relación bilateral.

La presidenta está luchando en un plano político y piensa que está en un debate ideológico, cuando en realidad se está jugando la gobernabilidad del país. El crimen organizado es un cáncer que se está comiendo al Estado mexicano, y ella debe extirparlo, sea cual sea el miembro que sea, para salvar el cuerpo, a menos que ella también esté contaminada.