Empresa que vigilaba instalaciones de la FGR aparece en expediente por tráfico de armas y huachicol: MCCI

La empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), a la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó como parte de la trama de huachicol y tráfico de armas en la que aparece el propietario del certamen Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, recibió al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos por parte de la institución para cuidar sus instalaciones en todo el país.

Así lo señaló la periodista Verónica Ayala durante una entrevista con Aristegui en Vivo, en la que aludió a la investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que derivó en una causa penal llevada por la FGR.

Señaló que ella y el periodista Iván Alamillo revisaron especialmente las compañías de seguridad privada presuntamente utilizadas por la red dedicada al tráfico de armas y al huachicol, en la que, según el expediente, participaba Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo. Encontraron que varias de estas firmas recibieron contratos del gobierno federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la investigación, al menos tres de cinco empresas de seguridad vinculadas en el expediente obtuvieron contratos públicos. Estas compañías eran empleadas para adquirir, rematricular y traficar el armamento de la red.

El modus operandi era el de distribuir armas a grupos criminales, habida cuenta de que se contaba con licencias de portación emitidas a nombre de las empresas de seguridad, lo que, de acuerdo con la indagatoria, evitaba la detención de quienes las portaban.

Los contratos a SEICSA eran para el resguardo de las instalaciones de la FGR en todo el país. “Nos llamó la atención porque se trata de empresas de seguridad privada, empresas que ofrecen servicios de seguridad y vigilancia, y había contratos con múltiples dependencias del gobierno federal, pero particularmente con la Fiscalía General de la República, que es quien ahora está investigando esta red de tráfico de armas y de huachicol”, dijo.

“Nos parece un tema gravísimo, no es una cosa menor, obviamente, por tratarse de las instalaciones de los inmuebles de esta instancia, nada más y nada menos que de la propia Fiscalía General de la República, repito, que ahora es quien lleva este caso, digamos, esta judicialización de este caso”, señaló.

Ayala destacó que la FGR no fue la única dependencia que contrató los servicios de SEICSA. Entre 2019 y 2024, la firma obtuvo decenas de convenios con instituciones como la CFE, Profeco, IMSS, SAT, Banjército y Banco del Bienestar, así como con aduanas y administraciones portuarias en lugares como Guaymas y Altamira.

Todos los contratos estaban relacionados con servicios de vigilancia y resguardo de instalaciones federales.

Uno de los nombres que aparece en las investigaciones es el de Jorge Enrique Alberts Ponce, representante legal de SEICSA: ” Él está señalado como uno de los líderes de esta organización, quien se encargaba precisamente de coordinar que las armas fueran rematriculadas y posteriormente distribuidas a grupos criminales”.

Ayala recordó que este personaje está señalado en otros casos relevantes como el del desfalco multimillonario a Segalmex y previamente en los desvíos de la Estafa Maestra.

“Este personaje participó también en el desfalco multimillonario a Segalmex, con otra empresa de su propiedad, que ya había sido señalada también por la Auditoría Superior de la Federación, de haber participado en los desvíos de la Estafa Maestra. Entonces, estamos hablando también de que este caso conecta con otros dos de los casos más grandes de corrupción que se han dado en los últimos años en nuestro país”, concluyó.