Donald el depredador | Artículo de Héctor Tajonar

Por Héctor Tajonar.

Donald Trump regresa con nuevos bríos y desvaríos. Su retorno a la Casa Blanca revive el concepto de imperialismo estadounidense expresado en una retórica agresiva y humillante. Su nuevo repertorio, descarnado e inclemente, incluye la imposición de aranceles y el expansionismo territorial; así como a la irracional negación de la evidencia científica en materia de combate al cambio climático y bioquímica médica

En ese contexto, la ofensiva de Trump contra México puede ser devastadora. El tema migratorio causará una crisis social y humanitaria, así como un desequilibrio financiero por la reducción de las remesas; la imposición de aranceles seguramente conduciría a una recesión.

El tema del fentanilo es mucho más grave. Ante la acusación contenida en una orden ejecutiva de la Casa Blanca acerca de la complicidad del gobierno mexicano con el crimen organizado, las consecuencias pueden ser catastróficas para la relación relación bilateral, así como para la estabilidad política y social de México. Paradójicamente, podría representar una oportunidad. Abordo el tema más adelante.

Theodore Roosevelt, solía decir: “Habla suave y carga un garrote” (Speak softly and carry a big stick). Tal concepto ilustra la voluntad del primer Roosevelt para realizar negociaciones y pactos diplomáticos acompañados de la amenaza implícita de usar la violencia, como forma de presión. Dicho principio marca el inicio del imperialismo estadounidense del siglo XX y de la intervención en América Latina; basada en la enmienda Roosevelt a la Doctrina Monroe.

Trump se quedó sólo con el “big stick”, concepto que dio nombre al realismo político en las relaciones internacionales de Estados Unidos, e impulsó su desarrollo como potencia mundial. Bajo el liderazgo de Trump, la crueldad del imperialismo norteamericano, mostrada en diversas etapas de su historia, se ha convertido en la política del odio.

“La gente ama odiar; yo voy a crear el odio por la inmigración”, ha dicho el depredador. Y lo ha cumplido con saña racista al iniciar la deportación de migrantes indocumentados considerados sin distingo como criminales. Ha decretado una emergencia nacional como si se tratara de una guerra. La violación de derechos humanos es flagrante.

El 1 de febrero pasado, la Casa Blanca difundió la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para imponer un arancel del 25% a las exportaciones de México a Estados Unidos. En el documento se mezclan los tres temas temas centrales de la agenda bilateral: comercio, migración y narcotráfico. Antes, el 20 de enero, la Casa Blanca había emitido otra orden ejecutiva en la que se designan a los carteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras”. (Canadá acaba de apoyar dicha clasificación).

Ambos documentos están íntimamente relacionados, con el propósito de justificar jurídicamente la imposición arancelaria como un asunto de seguridad nacional; relacionándola con el problema migratorio al que Trump llama “invasión”, así como con el trasiego de fentanilo a territorio estadounidense realizado por “narcoterroristas”.

La orden ejecutiva del 1 de febrero titulada “Imposición de aranceles para abordar la situación en nuestra frontera sur”, contiene juicios y amenazas contra México escritos en un tono acusatorio, inusual en la relación bilateral reciente. Cito un fragmento:

“Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas (DTOs por sus siglas en inglés) son los líderes mundiales del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas. Ellos cultivan, procesan y distribuyen cantidades masivas de narcóticos que propician la adicción y la violencia en comunidades de los Estados Unidos.

“Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas tienen una intolerable alianza con el gobierno de México. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, y nosotros debemos erradicar la influencia de estos peligrosos carteles del entorno binacional. El gobierno de México ha brindado apoyo a los carteles para facilitarles la manufactura y transporte de drogas ilícitas que han derivado en la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses.

“Los carteles mexicanos también están implicados en el tráfico de personas y operaciones de contrabando, permitiendo la migración ilegal de millones a lo largo de nuestras fronteras.” (Fin de la cita).

No se trata de una provocación o de una amenaza sino de un diagnóstico preciso, unido a la exigencia de erradicar la realidad que lo sustenta.

El mismo sábado 1, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su cuenta de X, y el domingo 2 de febrero a través de un video, a las acusaciones de Trump. A sabiendas de que el personaje es experto en imponer su voluntad y ganar todo sin ceder un ápice, la respuesta de la Presidenta fue a la vez firme y conciliatoria:

“Rechazamos categóricamente la irresponsable calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio.”

La mandataria acusa de alianza con grupos criminales a las armerías estadounidenses, “como lo demostró el propio Departamento de Justicia en enero de este año”.

Asimismo, critica la inacción de las autoridades estadounidenses ante la distribución de fentanilo en las calles de las principales ciudades de ese país, así como frente al lavado de dinero y a la exportación de armas. “El consumo y la distribución de drogas está en su país, y es un problema de salud pública que no se ha atendido.”

Al mismo tiempo, Sheinbaum enfatiza que no quiere confrontación sino colaboración; basada en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía. Le propone a Trump establecer una mesa de trabajo para analizar y resolver dichos retos. “Coordinación sí, subordinación no.”

El lunes 3 de febrero, Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con Donald Trump de entre 30 y 45 minutos. Trump comentó que se trató de una plática ‘amistosa’ y que la presidenta accedió de inmediato a enviar 10 mil solados (de la Guardia Nacional) a la frontera común para frenar la entrada de fentanilo y migrantes ilegales a Estados Unidos. Después, acordaron postergar la imposición de aranceles durante un mes para realizar negociaciones entre altos funcionarios de ambos gobiernos. “Espero participar en dichas negociaciones con la presidenta Sheinbaum con miras a llegar a un acuerdo entre nuestras dos naciones”, concluye el mensaje de Trump.

Por su parte, la presidenta mexicana aseguró que Estados Unidos se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Sin embargo, no mencionó si en la plática se había tratado el tema de supuesta colusión entre los carteles del narcotráfico y el gobierno mexicano denunciada por Trump en su orden ejecutiva. Tampoco reveló que había aceptado el programa Quédate en México.

El resultado de la conversación telefónica puede considerarse positivo, no sólo por la pausa en la aplicación de aranceles sino por el diálogo directo entre ambos gobernantes.

De parte de México, la negociación requerirá de inteligencia y estrategia a fin de resolver de la manera más favorable, o menos perjudicial, el asunto tarifario. El problema migratorio exige sobre todo firmeza para defender los derechos humanos de nuestros connacionales.

Debe quedar claro que el problema de fondo es el del fentanilo y la narcorrupción que lo hace posible. No se trata de una guerra comercial sino, ante todo, de una guerra contra las drogas.

Lamentablemente, negar la colusión del gobierno con los carteles es insuficiente y no corresponde al aumento de la violencia, así como al empoderamiento y expansión del crimen organizado que controla más de una tercera parte del territorio nacional.

El gran dilema de la presidenta Sheinbaum

La orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca el 20 de enero se refiere a la designación de los carteles del narcotráfico como “Organizaciones terroristas extranjeras”, concebidas como: “Carteles internacionales que representan una amenaza a la seguridad nacional mayor a la del crimen organizado tradicional. Convergen entre ellas a una escala extra-hemisférica y recurren a métodos de insurgencia u otros métodos de guerra asimétrica como la guerrilla o la rebelión. Están infiltrados en gobiernos extranjeros en todo el Hemisferio Occidental. No sólo han desestabilizado países importantes para los intereses nacionales de Estados Unidos, sino también han inundado el territorio estadounidense con drogas mortales, criminales violentos y crueles pandillas.”

“Los carteles controlan todo el tráfico ilegal de estupefacientes a través de la frontera sur de los Estados Unidos mediante el asesinato, el terror, la violación y la fuerza bruta. En ciertas porciones de México funcionan como entidades cuasi-gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad. Las actividades de los carteles amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de los Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental… (debemos) asegurar la total eliminación de estas organizaciones en nuestro país, a fin de proteger al pueblo estadounidense y la integridad territorial de los Estados Unidos.”

La claridad y dureza del documento es contundente. No basta con descalificarlo, es necesario aceptar la realidad de lo denunciado y comprometerse a resolverlo. Ya no hay espacio para la simulación y la opacidad.

Desde hace décadas, Estados Unidos tiene abundante información acerca de la complicidad de los carteles del narcotráfico con el gobierno y las fuerzas armadas de México. Dicha colusión se consolidó durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y de su absurda política de los abrazos, disfraz de la “intolerable alianza” que con energía y conocimiento de causa denuncia Trump.

El gobierno, las agencias de seguridad y el sistema de justicia estadounidenses saben bien que la élite castrense del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional representa el sostén armado del narcogobierno. Conocen a detalle y de primera fuente la forma de operar de esa mafia, ejemplificada por el gobernador Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, amigo y protegido de López Obrador; Rutilio Escandón ex gobernador de Chiapas, recientemente premiado con el consulado de Miami; Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, hoy líder morenista en el Senado y de muchos más… El caso Cienfuegos no está olvidado. Por si hubiera dudas, ahora se agrega el testimonio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que al parecer ya cantó.

El gran dilema de la presidenta Claudia Sheinbaum es reconocer y combatir sin restricciones el triángulo de la narcorrupción: la complicidad entre los carteles de la droga, con los más altos niveles del gobierno federal y local, incluidas las Fuerzas Armadas. La opción es seguir defendiendo a su mentor y socios, cuyos historiales delictivos son bien conocidos por la autoridades de seguridad y justicia estadounidenses; además de ser padecidos por millones de mexicanos.

Seguramente este dilema es el más complejo y trascendente que enfrentará la primera Presidenta de México durante su mandato. Es ineludible resolverlo. Ha llegado el momento de acabar con la narcorrupción y la impunidad transexenal.