Violencia tras operativo contra 'El Mencho' dejó pérdidas de hasta dos mil mdp: CONCANACO SERVYTUR

La violencia tras el operativo federal que derivó en la captura y muerte Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero, tuvo un impacto estimado de entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, con el cierre aproximado de un millón de negocios en 24 entidades federativas y una afectación directa a cerca de 4.8 millones de personas.

Así lo dio a conocer Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR). Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, dijo que debido a estos sucesos, la organización realizó un cálculo sobre los posibles efectos del debilitamiento de grupos delictivos en el fenómeno de la extorsión.

Según expuso, de mantenerse la estrategia implementada por el Ejército y las fuerzas federales, podría generarse una reducción de entre 10 y 20 por ciento en delitos vinculados con la extorsión y otras conductas del fuero común.

Esa disminución, afirmó, representaría un ahorro anual de 18 mil 645 millones de pesos, equivalente a alrededor de 0.08 por ciento del Producto Interno Bruto. “Nada más esa acción, en términos de debilitamiento de los grupos criminales, nos estaría representando en nuestros cálculos entre un 10 y 20 por ciento en delitos vinculados con la extorsión”, indicó.

El dirigente subrayó que la seguridad constituye uno de los principales costos permanentes para los negocios familiares. Precisó que el sector invierte casi 124 mil millones de pesos en este rubro; de ese monto, 54 por ciento se destina a contratación de cámaras, alertas, botones y personal de seguridad, mientras que 46 por ciento corresponde a pérdidas y afectaciones derivadas de extorsión y robos dentro de los propios comercios.

Sobre el efecto de los operativos recientes, relató que propietarios de negocios en distintas entidades manifestaron una percepción de mejora. Según dijo, les expresaron “que estaban viendo que la esperanza regresaba, que por fin ellos sentían que iban a poder salir a la calle a vender sin miedo”.

Ante ello, la organización busca que la estrategia de seguridad sea permanente y que se fortalezca el Estado de Derecho, al considerar que el ahorro potencial a mediano plazo superaría las pérdidas registradas en episodios de crisis.

Modalidades de la extorsión

De la Torre explicó que la Confederación cuenta con un observatorio delictivo alimentado por información de alrededor de dos millones de empresarios afiliados. Señaló que 95 por ciento de los negocios en el país son familiares y operan en comunidades locales.

De acuerdo con ese monitoreo, la modalidad más extendida es la extorsión telefónica, que impacta tanto a comercios como a la población en general mediante llamadas, mensajes, suplantación de identidad y perfiles falsos en redes sociales. También identificó el llamado “impuesto criminal”, que puede presentarse dentro de cadenas de proveeduría o mediante la imposición de compras obligatorias a determinados proveedores.

Otra variante es el “derecho de paso”, aplicado al traslado de mercancías entre regiones, además del cobro de piso en determinadas zonas y sectores productivos.

“Al que denuncia lo asesinan”

El dirigente sostuvo que la baja denuncia de este delito ha impedido contar con cifras reales. “En México al que denuncia este delito lo matan, lo asesinan”, afirmó. Agregó que esa situación motivó el impulso de una ley general contra la extorsión que permite su persecución de oficio.

Recordó que, tras el asesinato de líderes empresariales que denunciaron este delito, la Confederación promovió reformas en los códigos penales estatales para evitar que la acción penal dependiera exclusivamente de la denuncia de la víctima. Actualmente, explicó, la legislación general obliga a las entidades federativas a adecuar sus marcos normativos para que la autoridad actúe en cuanto tenga indicios del delito.

Asimismo, destacó el fortalecimiento de mecanismos de denuncia anónima como el 089, que, a diferencia del 911, cuenta con candados para evitar la identificación del denunciante. Señaló que la organización colabora con autoridades de los tres niveles de gobierno en la capacitación sobre el uso de esta línea y en la elaboración de manuales para orientar a los pequeños negocios sobre cómo actuar ante un intento de extorsión.

El líder empresarial hizo un llamado a los congresos locales para revisar y armonizar sus leyes con la legislación general, a fin de evitar contradicciones normativas y garantizar la protección de las familias y negocios en las comunidades.