opinión*
De minas, empresarios y aprendices
por Julio Moguel
(Foto: Archivo Cuartoscuro/Bernandino Hernández).

Julio Moguel

I

El accidente minero del pasado 2 de agosto, en la comunidad indígena de Deganzha (Hidalgo), con saldo de cinco muertos, llama a reflexionar sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrolla en México la actividad extractiva, pero también sobre la solvencia legal y pertinencia de una línea de inversión empresarial que ha sido expropiatoria de amplias áreas de dominio social o colectivo, las más en territorios indígenas y campesinos, y tremendamente onerosa y destructiva en lo que al medio ambiente y a los espacios de vida comunitaria se refiere.
Pero hay otros casos que pudieran considerarse aun más dramáticos y destructivos en el campo minero, como el derrame de 40 millones de litros de ácidos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi provocado por Grupo México el 6 de agosto de 2014 (proveniente de la mina Buena Vista del Cobre, en Cananea), y el incumplimiento de dicha empresa, a casi cuatro años de distancia, de entregar 36 plantas potabilizadoras para abastecer de agua limpia a los 25 mil afectados de la zona. Incumplimiento que ha llevado a que un tribunal federal reabra ahora la acción colectiva contra el Grupo México (Ver sobre este tema, la nota relativa en Aristegui Noticias, 6 de agosto de 2018).
Los datos duros con respecto a la extensión de la actividad minera en el país lindan en lo inaudito: de 1993 a 2012 se otorgaron 43,675 concesiones mineras, lo que representa una superficie de 95 millones 765 mil 800 hectáreas.

II

Ubicado como el número 18 de sus 25 proyectos estratégicos, el minero constituye uno de los retos de mayor calado del esquema gobernante de AMLO. Dice al respecto el Proyecto de Nación de Morena: “El nuevo ciclo de la economía extractivista […] ha impuesto una nueva lógica para atraer a la inversión extranjera que se impone violentamente para lograr la obtención de minerales […]. Los efectos de esta política […] trastoca los territorios y agrede al conjunto de los recursos naturales: tierras, aguas, bosques, selvas y biodiversidad, y altera las formas de convivencia y de organización social”.
En la lógica de este posicionamiento, este proyecto prioritario del nuevo gobierno supondrá, de una u otra forma, agarrar al toro por los cuernos.
La reingeniería y reconformación del sistema productivo minero, sin embargo, será sin duda extremadamente complejo. ¿Cómo, por ejemplo, poner en sintonía proyectos tan distintos, pero que se cruzan entre sí cuando se ubican ya en los territorios y se dirigen a personas o núcleos sociales específicos, de carne y hueso? Veamos el caso del proyecto de “Jóvenes construyendo el futuro” (el número 11 de los 25 proyectos estratégicos mencionados) y su cruce con el mencionado proyecto minero.
Antes de entrar en materia señalemos que el proyecto para los jóvenes (en este caso los mal llamados ninis, señalados así porque “ni” estudian “ni” trabajan) tendrá un presupuesto de 108 mil millones de pesos anuales, beneficiando a 2 millones 600 mil de este segmento poblacional, bajo el esquema de su inscripción como “aprendices” en el espacio de alguna empresa (privada o del sector social de la economía), y/o con becas de estudio en alguna Universidad (300 mil jóvenes para este caso). El monto del apoyo económico será de 3,600 pesos mensuales per cápita.

III

Concentremos ahora nuestra atención en una de las mineras más poderosas del país, de procedencia inglesa y dedicada a la explotación de oro y plata en Argentina, Perú, Canadá y México. Su nombre: Hochschild Mining. Con minas en varias partes de nuestro territorio, la más reciente inició su proceso de extracción en 2010, a partir de recibir la concesión más grande otorgada por la Secretaría de Economía, en la Montaña de Guerrero (47 mil 739 hectáreas).
Conviene en este caso la pregunta: ¿irán los jóvenes indígenas que “ni” estudian “ni” trabajan de la Montaña a capacitarse a los espacios de exploración y de explotación de la Hochschild Mining? ¿Será ésta una salida para obtener un trabajo que, así sea temporal, les permita pensar que están “construyendo el futuro”?
La perspectiva indicada tendría que pasar por dos filtros significativamente complejos, que dificultarían o impedirían un resultado positivo, al menos en el corto o en el mediano plazo:
a) Que la empresa Hochschild Mining pueda cubrir todos los requerimientos de legalidad y pertinencia (económica, social, medioambiental) que el proyecto estratégico minero del nuevo gobierno establezca;
b) Que los indígenas de ese espacio montañoso, en el ejercicio de su autonomía y libre determinación –como sujetos de derecho público–, consideren que el papel de sus jóvenes en las mineras, como aprendices, sea un factor real de “construcción de futuro” para el conjunto de su ámbito comunitario, pues el proceso formativo de los jóvenes es un elemento que se implica –o debe implicarse– en sus propios criterios, sistemas normativos y proyectos de desarrollo.
Complejo y contradictorio el asunto, sin duda, pero de ese tamaño son no pocos de los problemas a enfrentar en la difícil tarea político-ingenieril que exigen los retos planteados por el nuevo gobierno.

IV

El esquema a considerar para ejercer los recursos del programa de jóvenes tendrá que implicar, en consecuencia, claros criterios de asignación, en los que se tomen en cuenta, al menos, los siguientes:
a) Prohibir que las “empresas tóxicas”, depredadoras o generadoras de males de muy diverso tipo (v. gr., además de las mineras, las empresas de comida chatarra, las de productos transgénicos, etcétera) puedan participar en el programa;
b) Seleccionar aquellas empresas que tengan capacidades probadas de capacitación, evitando con ello que los jóvenes aprendices sean sólo mano de obra gratuita para el negocio privado;
c) Priorizar en la selección de empresas capacitadoras a las pequeñas y a las medianas empresas, y a las que forman parte de la denominada economía solidaria;
d) Establecer robustas acciones de consulta con algunos sectores sociales implicados, entre los que destaque, como ya he referido en este artículo, las que corresponden por ley a los pueblos indígenas de México.

Julio Moguel

Economista de la UNAM, con estudios de doctorado en Toulouse, Francia. Colaboró, durante más de 15 años, como articulista y como coordinador de un suplemento especializado sobre el campo, en La Jornada. Fue profesor de economía y de sociología en la UNAM de 1972 a 1997. Traductor del francés y del inglés, destaca su versión de El cementerio marino de Paul Valéry (Juan Pablos Editor). Ha sido autor y coautor de varios libros de economía, sociología, historia y literatura, entre los que destacan, de la editorial Siglo XXI, Historia de la Cuestión Agraria Mexicana (tomos VII, VIII y IX) y Los nuevos sujetos sociales del desarrollo rural; Chiapas: la guerra de los signos, de ediciones La Jornada; y, de Juan Pablos Editor, Juan Rulfo: otras miradas. Ha dirigido diversas revistas, entre ellas: Economía Informa, Rojo-amate y la Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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