Demandan a CNI por incumplir apertura de casos de la ‘guerra sucia’ | Especial

Por Rafael Cabrera

Lo insólito: el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, que forma parte de la Comisión de la Verdad creada por la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó la noche del martes una demanda de amparo contra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por su incumplimiento en la apertura de expedientes de represión política y social ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

David Fernández, uno de los cuatro integrantes de la Comisión de la Verdad y quien preside el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, dijo que el amparo busca que el Poder Judicial obligue al CNI a cumplir con la apertura de archivos históricos que ordenó el presidente en un acuerdo firmado el 28 de febrero de 2019

“Hemos decidido iniciar una estrategia legal, que incluye presentar un amparo contra el CNI por el incumplimiento de órdenes presidenciales”, dijo Fernández.

Fernández señaló que el CNI, dirigido por el general en retiro Audomaro Martínez, un hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido renuente de forma deliberada para cumplir con la transferencia documental.

La demanda inicial de juicio de amparo indirecto fue presentada por el Mecanismo ante el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la CDMX.

La estrategia legal se basará en tres órdenes presidenciales publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF): los acuerdos que ordenan la transferencia de los documentos históricos y sus lineamientos de febrero y abril de 2019, así como el decreto que crea y mandata a la Comisión de la Verdad a investigar las violaciones a los derechos humanos del pasado.

David Fernández calificó de ‘risible’ que el CNI sólo haya enviado 7 expedientes al AGN, correspondientes al periodo 1986-2004.

Por ejemplo, dijo, la Comisión indaga el asesinato de 100 periodistas entre 1965 y 1990, así como el homicidio de al menos 700 integrantes del Frente Nacional Democrático, antecedente del PRD, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Nada de eso está en lo entregado por el CNI al AGN.

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“Es risible, de verdad. Estamos viendo que el CNI fue quien decidió qué expedientes se entregaron al AGN, hubo opacidad y es claro que están escondiendo información”, dijo Fernández.

Ayer, este medio documentó que el CNI envió 6 de 7 expedientes al AGN apenas el 18 de agosto pasado, días antes de que el presidente acudiera a celebrar los 200 años del Archivo.

El primer expediente fue enviado el 28 de septiembre de 2020 y fue una parte del caso del homicidio del periodista Manuel Buendía.

Ambos comisionados señalaron que el CNI y el AGN no les informaron de la transferencia realizada el 18 de agosto y se enteraron por lo difundido en este medio. La entrega, consideraron, se hizo a sus espaldas pues los días 15 y 22 de agosto la Comisión difundió un informe y un pronunciamiento públicos que documentaba el incumplimiento y aun así no les fue informado el envío de los 6 nuevos expedientes.

Encinas ofrece respaldo

Los comisionados David Fernández y Carlos Pérez Ricard señalaron que este martes 5 de septiembre tuvieron una reunión con el subsecretario Alejandro Encinas, quien es el responsable de la Comisión de la Verdad, y equipo.

De acuerdo con sus relatos, Encinas tampoco fue informado por el CNI ni el AGN sobre la transferencia de 6 expedientes el pasado 18 de agosto, pero prometió que buscará instalar una mesa de trabajo y acercamiento entre la Comisión, el CNI y el AGN. Sin embargo, esto es algo que se ha venido prometiendo desde 2020.

En versión de ambos comisionados, Encinas reconoció que existen renuencias dentro del propio gobierno para cumplir con la orden presidencial de apertura histórica.

“El mandato de la Comisión se acaba en septiembre de 2024, aun tenemos 1 año para que el CNI envíe los documentos que tiene. El CNI ha sido claramente renuente, al grado que ni siquiera nos han permitido ingresar a su archivo de concentración aunque se ha solicitado a través de cartas y oficios. Por eso tomamos la decisión de tomar medidas judiciales”, dijo Pérez Ricard.

El AGN, en una extensa respuesta enviada a este medio esta semana, dijo que el CNI fue quien decidió qué expedientes les entregaba con base en la orden presidencial, donde se dejó esta responsabilidad a cada organismo.

Es decir, el CNI fue juez y parte al momento de elegir qué documentos se transferían y ellos se limitaron a recibirlos.

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El juicio usado por el CNI, de acuerdo con el funcionarios, es que la orden presidencial de AMLO dice que deben enviar documentos históricos del periodo 1986 a 2014, y para ellos la mayoría de sus documentos siguen siendo utilizables y no entran en la categoría de histórico.

Los expedientes que ya fueron entregados al AGN son la desaparición del político morelense José Ramón García Gómez (12 hojas); pronunciamientos y acciones propagandísticas entorno al conflicto en Chiapas (180 hojas); documentos sobre la Consulta por la Paz convocada por el EZLN (222 hojas); expulsión de sacerdotes extranjeros (5 hojas); la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero (12 hojas) y 31 hojas del expediente sobre la masacre de Acteal, ocurrida en 1997.

Mientras que entre los múltiples casos que fueron omitidos por el CNI están las campañas de 1988 y 1994, la muerte del panista Manuel J. Clouthier, la detención del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, los homicidios de los priistas Luis Donaldo Colosio o José Francisco Ruiz Massieu, la persecución contra integrantes del PRD, la desaparición del priista Manuel Muñoz Rocha o la huelga de la UNAM de 1999, entre numerosos casos ocurridos entre 1986 y 2004.

En agosto pasado, al celebrar los 200 años del AGN, el presidente presumió que los expedientes del CISEN, antecedente del CNI, ya habían sido entregados y su gobierno cumplía con la apertura y revisión histórica. Nunca dijo que sólo eran 7 expedientes, mientras que en el periodo de Vicente Fox se transfirieron más de 4 mil cajas con documentos de 1965 a 1985.