Propuesta de ministra podría impedir que organizaciones defiendan causas: Greenpeace
Según las organizaciones, restringir la legitimación activa contradice principios constitucionales y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
- Redacción AN / KC
La campañista legal de Greenpeace, Victoria Beltrán, advirtió que el proyecto de sentencia de la ministra Yasmín Esquivel, que se discutirá este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), podría limitar la defensa de derechos colectivos por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Más de 40 organizaciones alertaron que la propuesta podría debilitar la participación ciudadana y dejar sin protección judicial a comunidades y colectivos frente a megaproyectos y violaciones a derechos humanos.
Beltrán explicó que el proyecto se centra en una contradicción de tesis entre tribunales sobre el llamado interés legítimo, que permite a las organizaciones defender causas en virtud de su objeto social.
“El interés legítimo debe ser entendido y el Estado mexicano lo deberá reconocer como una figura para ampliar el acceso a la justicia y también se debe reconocer que aporta para la defensa y protección de derechos e intereses colectivos”, dijo.
La especialista destacó que la propuesta de Esquivel limita la defensa ante afectaciones indirectas, no solo directas.
Te puede interesar> Organizaciones alertan sobre proyecto en la Corte que limitaría el interés legítimo en juicios de amparo
“El proyecto se inclina a que el interés legítimo atienda únicamente casos de afectación directa, pero la Constitución también reconoce el interés legítimo por objeto social de manera indirecta”, dijo.
El amparo que originó la discusión se relaciona con la calidad del aire y el objeto social de Greenpeace, centrado en la protección del ambiente.
Foto: Archivo Cuartoscuro
“Es un tema sobre el ambiente. Greenpeace se dedica a eso, y además es reconocido a nivel mundial como organización activista y ambientalista; hay interés legítimo por vía indirecta, lo que se pretende con este proyecto es acotar el interés legítimo de las organizaciones que defienden y protegen el ambiente”, explicó Beltrán.
Según las organizaciones, restringir la legitimación activa contradice principios constitucionales y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
“La Corte ya ha señalado que sus decisiones deben mirarse a través de la legitimación activa amplia para garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional y restringir la legitimación de asociaciones civiles y colectivos vulnera el principio de no regresión ambiental”, concluyó Beltrán.
El proyecto será discutido este jueves, y las organizaciones seguirán de cerca la resolución ante sus posibles efectos regresivos en derechos humanos y justicia ambiental.
