Detienen a familia acusada de suplantar a funcionarios con inteligencia artificial para extorsionar
Fuentes cercanas a la investigación revelaron a Aristegui Noticias que los presuntos responsables habrían intentado contactar a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, mediante la suplantación de identidad de una figura política.
- Redacción AN / JSC
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a cinco personas señaladas de integrar una banda dedicada a suplantar la identidad de funcionarios públicos, políticos y empresarios para obtener dinero, plazas en nóminas gubernamentales y contratos de servicios.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo operaba desde al menos 2021 y utilizaba herramientas de inteligencia artificial para imitar las voces de servidores públicos y dar credibilidad a las llamadas de extorsión.
Entre los detenidos se encuentra Luis “N”, identificado como el principal investigado, su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, así como su escolta, Agustín Arturo “N”.
Los cinco fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y un juez les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Según la Fiscalía mexiquense, Luis “N” aprovechó su experiencia en la administración pública y su red de contactos para obtener números telefónicos personales de políticos, funcionarios y empresarios. El investigado se desempeñó como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013, y cuenta con antecedentes por peculado, además de una inhabilitación en esa entidad.
Las indagatorias señalan que el grupo tenía su centro de operaciones en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México, desde donde coordinaba las llamadas y los engaños.
El modus operandi: suplantaban a funcionarios con IA
El esquema comenzaba con llamadas de personas que se hacían pasar por secretarios particulares y solicitaban información para actualizar agendas o coordinar supuestas comunicaciones con funcionarios de alto nivel.
Posteriormente, las víctimas recibían llamadas de personas que fingían ser ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales o personal de la presidencia de la República.
Bajo esas identidades, solicitaban dinero en efectivo para supuestas operaciones políticas, la incorporación de personas a nóminas gubernamentales o la contratación de determinados servicios.
Para reforzar el engaño, los integrantes del grupo utilizaban logotipos oficiales en sus perfiles de mensajería, generaban conversaciones ficticias y recurrían a herramientas de inteligencia artificial para imitar las voces de los funcionarios suplantados.
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La Fiscalía incluyó en su comunicado un ejemplo de la conversación que utilizaban los integrantes del grupo para acercarse a sus víctimas. En el diálogo, una persona se presentaba como asistente personal de un funcionario y solicitaba datos para verificar la identidad de su interlocutor, confirmar sus vínculos con otras personas y obtener números telefónicos de contacto.
El mensaje difundido por la fiscalía dice:
“Hola, buenos días. Soy…, asistente personal del licenciado… ¿Me regala un minuto de su tiempo?
Buenos días, señor… ¿Es usted el señor…, de la empresa…?
Tengo registrado que querían contactar al licenciado…, usted… y el señor…, ambos de la empresa… ¿Estamos bien, es correcto?
Ustedes son recomendados del señor…, ¿es correcto?
Bueno, dada esta comprobación de información, le comento que el licenciado… le contactará desde su teléfono personal en unos momentos. ¿Está usted de acuerdo?
Por último, proporcióneme dos teléfonos de contacto, el de usted y el de su oficina, por favor”.
De acuerdo con las autoridades, este primer contacto les permitía a los presuntos responsables recopilar información y preparar las siguientes llamadas, en las que suplantaban la identidad de funcionarios y otras figuras públicas para solicitar dinero o favores.
Según las investigaciones, debido a que Luis “N” tenía restricciones en el sistema bancario mexicano, el grupo exigía principalmente pagos en efectivo. Cuando necesitaba ingresar recursos al sistema financiero, utilizaba una empresa de arquitectura y construcción propiedad de su hija Aimee “N”.
Las autoridades señalaron que las ganancias obtenidas mediante estas actividades se destinaron a la adquisición de propiedades en zonas de alto valor económico y vehículos de lujo.
Durante un cateo en el inmueble de Metepec, las autoridades aseguraron tarjetas SIM, vehículos y al menos 19 celulares de diferentes marcas, algunos de los cuales, según las investigaciones, habrían sido utilizados para realizar las llamadas denunciadas por las víctimas.
