Cuando el populismo necesita garantías: sobre el uso intermitente del Estado de Derecho | Artículo de Roberto Lara

Por Roberto Lara Chagoyán* / Observatorio de la Justicia**

El 29 de abril de 2026, el Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de operar para Los Chapitos a cambio de sobornos y protección política. Al día siguiente, desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum afirmó que solo procederá si existen “pruebas claras y contundentes”, e invocó la soberanía nacional y el principio de no injerencia.

Las palabras han conquistado más territorios que las espadas. También los devuelven cuando conviene. Aristóteles definió la retórica, en el libro I de la obra que lleva ese nombre, como la facultad de considerar en cada caso lo que puede ser convincente. La definición sigue siendo útil dos mil cuatrocientos años después. Conviene, sin embargo, una precisión: en Aristóteles la retórica estaba al servicio del razonamiento; en el populismo, al servicio de su sustitución. Donde el orador clásico buscaba persuadir mostrando razones, el populista persuade evitando que existan. Por eso, cuando el razonamiento aprieta, el discurso cambia.

A lo largo de siete años, el discurso populista construyó una realidad falsa por simple: de un lado, lo neoliberal, lo fifí, la corrupción, la traición; del otro, el pueblo bueno y sabio, la lealtad, la pobreza como virtud. Mediante una pedagogía del desprecio, esa oficialidad colocó del primer lado conceptos como Estado de Derecho, debido proceso, garantías, presunción de inocencia, división de poderes, contrapesos: todos marcados como tecnicismos de una élite ajena al pueblo.

La frase lapidaria de López Obrador frente a la SCJN, en abril de 2022, cuando los ministros examinaban la reforma eléctrica —“que no me vengan con que la ley es la ley”— resume el régimen entero. En otro lugar he sostenido que el método de fondo ha sido la vulgarización; aquí basta con apuntar el efecto. López Obrador enfatizó una y otra vez que quienes llegaban al poder con su movimiento eran distintos a los políticos de antaño: “no somos iguales” fue, durante años, divisa de gobierno. La autoexención moral funciona mientras se enuncia ex ante, como promesa; se desactiva cuando los hechos la contradicen. La etiqueta diseñada para los adversarios termina, casi siempre, calzando a quienes la diseñaron.

El 30 de abril de 2026, desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum leyó un comunicado sobre el caso Rocha Moya. Las palabras que eligió, una a una, conviene transcribirlas:  Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción.

Y, ante los periodistas, ese mismo día: Para cualquier ciudadano mexicano, presunto delincuente, tiene que haber una orden de aprehensión. Y una orden de aprehensión se basa, de acuerdo con nuestra legislación, en pruebas fehacientes y contundentes. Pero ¿cómo, sin pruebas?, ¿cómo, sin pruebas? 

Cerró con una invocación que, hasta ocho días antes, habría sido improbable en boca del régimen: “Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes.” 

El día anterior, el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, había declarado en mensaje grabado: Para la Fiscalía General de la República, es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que, de lo contrario, se violentaría el Estado de derecho así como los derechos y las garantías de las personas requeridas. 

Y el propio Rocha Moya, en su comunicado en redes del 29 de abril: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”.

Pruebas contundentes. Conforme a Derecho. Constitución. Estado de Derecho. Garantías. Veracidad. Fundamento. Todos esos términos figuran en los manuales de Derecho que el régimen pasó todo ese tiempo despreciando como tecnicismos de leguleyos.

El uso asimétrico de los términos jurídico-liberales es evidente. Para el régimen funcionan a favor de los políticos cercanos, pero no cuando quien los usa es un adversario. En el primer caso son gramática constitucional inapelable; en el segundo, subterfugios legales para traicionar al pueblo.

Lástima que el régimen no despliegue esa gramática cuando los imputados son políticos de otro partido, y especialmente cuando las víctimas son ciudadanos comunes como las personas buscadoras asesinadas o los chicos de Teuchitlán cooptados por la leva del crimen organizado. El garantismo, en este uso, no es un principio: es un recurso defensivo activado cuando el riesgo toca a los propios. Para los demás, queda la coacción estatal o su negación.

El experimento controlado existe y es reciente. En febrero de 2023, en el Distrito Este de Nueva York, Genaro García Luna fue declarado culpable; en octubre de 2024 recibió una sentencia de 38 años y 8 meses. El gobierno de López Obrador no solo celebró el proceso: presentó una demanda civil contra García Luna y su esposa en cortes estadounidenses para recuperar los millones obtenidos en sobornos.

Nadie habló entonces de soberanía herida ni de injerencia indebida. Nadie pidió “pruebas claras y contundentes” antes de pronunciarse. Sheinbaum, ya como presidenta, declaró el día de la sentencia que el fallo demostraba “la importancia de que no haya impunidad”. Misma jurisdicción, misma fiscalía federal, misma lógica probatoria. La diferencia está en el imputado: un funcionario del régimen anterior en un caso, un gobernador del propio movimiento en el otro. Cuando el acusado es ajeno, la justicia estadounidense es instrumento de verdad y la impunidad es el enemigo. Cuando es propio, la misma justicia se vuelve injerencia y la presunción de inocencia, escudo. No hay aquí dos doctrinas: hay una sola conveniencia con dos rostros.

Al régimen le ha bastado el discurso, la exhibición y la denostación de los adversarios para sacudirse noticias incómodas. Esa receta ha fallado en el caso Rocha, y ahora apelan al Estado de Derecho porque rinde más que el simple Yankee go home.

Con todo, quienes hemos defendido durante años el debido proceso, las garantías, el control judicial de la coacción estatal, deberíamos —en términos de principio— celebrar que ahora también el régimen las invoque. Si las garantías son universales, lo son también para Rocha Moya. La presunción de inocencia no es un trofeo ideológico: es un derecho fundamental. Que la presidenta lo recuerde, aunque sea por conveniencia, es preferible a que lo niegue.

Sin embargo, no es que el régimen haya descubierto el garantismo: es que lo ha degradado a herramienta selectiva. Esa selectividad es lo que envilece el principio. Un sistema jurídico que solo protege a los poderosos traiciona los fines sustantivos de la disciplina; se convierte en un privilegio con nombre técnico.

Cuando el populismo necesita garantías, descubre que durante años entrenó a sus seguidores a despreciar precisamente el saber jurídico que ahora invoca. El resultado es un jurista de cámara sin convicción, que usa el término técnico cuando le conviene y lo descalifica cuando le estorba. Ese doble discurso desnuda al mal orador. 

El caso Rocha Moya tiene una particularidad que lo distingue de las polémicas que el régimen ya aprendió a sepultar: no es una noticia de esas que mueren a las 24 horas. El problema no es que el populismo necesite garantías. El problema es que las necesite a veces.

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* Roberto Lara Chagoyán forma parte del Observatorio de la Justicia, una iniciativa de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, con la participación de diversas instituciones.Es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (Nivel 2) y profesor-investigador en el Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Correo: @rolarch

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