Eliminación de la prisión preventiva oficiosa 'obligará a ministerios públicos a investigar': víctima y abogado

La próxima decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva oficiosa podría marcar un cambio en la justicia penal mexicana, coincidieron en entrevista para Aristegui en Vivo, Daniel García Rodríguez y el abogado Simón Hernández León, quienes han vivido y defendido casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos derivados de esta figura.

Para Daniel García Rodríguez, víctima directa de esta medida, dijo que la prisión preventiva oficiosa no se establece en ningún país del mundo más que en México, “es una simulación que se utiliza como herramienta para la corrupción y para aparentar una efectividad inexistente“.

Explicó que la eliminación de esta figura obligaría a que la prisión preventiva sea motivo de análisis de un juez en una audiencia pública con las partes, donde el Ministerio Público haya trabajado para establecer las razones por las cuales una persona debe permanecer en prisión mientras lleva su proceso.

Beneficiará a todos y pondrá a trabajar al Ministerio Público.

Daniel recordó además el sufrimiento de las familias, y expresó su preocupación porque personas que aún no han sido sentenciadas ni declaradas culpables tengan que pasar meses o años en prisión, situación que trasciende lo legal para afectar la vida personal y social de los acusados.

Caso García Rodríguez y Otro vs México

Daniel García Rodríguez junto con Reyes Alpízar, permanecieron privados de su libertad sin sentencia por 17 años, bajo la medida de prisión preventiva oficiosa por el homicidio de la ex regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamez en 2021.

El 23 de agosto de 2019 quedaron en libertad del penal de Barrientos, aunque el proceso continuó hasta que en marzo de 2023, García Rodríguez fue sentenciado a 35 años  de prisión como “autor intelectual”, pero el caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al Estado mexicano por violar los derechos humanos de García Rodríguez.

Además, ordenó al Estado mexicano regular la prisión preventiva oficiosa y corresponderá al ministro Alfredo Gutiérrez Mena, elaborar un proyecto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimine la prisión preventiva oficiosa y cumpla con las disposiciones sobre el caso García Rodríguez y Otro Vs México.

Eliminar prisión preventiva oficiosa en México tendrá costos políticos, afirma abogado

El abogado Simón Hernández León, abogado del caso García Rodríguez y Otro vs México, explicó que el expediente lleva dos años y medio radicado en la Corte y que existe un proyecto circulado entre los ministros desde enero de 2024, por lo que hay conocimiento para tomar una decisión.

“El tema de prisión preventiva oficiosa se ha politizado. Nuestro llamado es a que esto se resuelva en clave de derechos, como lo señaló la Corte Interamericana. Hay un lineamiento muy claro, hay un mandato al Estado mexicano”, añadió.

Hernández León lamentó también las restricciones para el acceso público a las sesiones del máximo tribunal, que desde la pandemia han dejado de ser abiertas, lo cual dificulta que víctimas y sociedad puedan seguir en vivo el desarrollo de este caso.

“Me parece que es una obligación del Poder Judicial mantener esta condición de apertura a las sesiones públicas, a las discusiones, la transparencia de los proyectos, porque esto abona al elemento de legitimidad y de credibilidad de un acto constitucional”, señaló

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Sobre el impacto de la prisión preventiva oficiosa, Hernández León apuntó que “hay alrededor de 40 mil personas en prisión preventiva oficiosa, que esto afecta, pero hay que decirlo, son personas inocentes, nadie debería estar encarcelado siendo inocente.”

Destacó que esta medida permite detenciones automáticas sin justificación probada y genera “distorsiones” como la prolongación de procesos sin sentencia, afectando tanto a los acusados como a las víctimas.

El abogado también criticó la postura del Poder Ejecutivo y del Congreso, que han mantenido o ampliado esta figura pese a las observaciones de organismos de derechos humanos.

Sobre el impacto social de esta figura, Hernández León denunció una crisis institucional que va más allá de la prisión preventiva oficiosa.

“Creo que es parte de la descomposición institucional de la falta de capacidades de las fiscalías para poder hacer una tarea que es muy delicada y de una alta responsabilidad que es investigar un delito, presentarlo ante una autoridad judicial y conseguir una sentencia, darle una respuesta a las familias de las miles de víctimas que hay en el país”, explicó.

El abogado subrayó que México enfrenta cerca del 97% de impunidad y una cifra negra de delitos no denunciados cercana al 60%, lo que refleja graves deficiencias en la procuración de justicia.

“Tenemos un sistema donde la prisión preventiva oficiosa es un incentivo para no investigar y para no generar capacidades y para no presentar adecuadamente un caso, porque basta acusar a una persona para llevarla a prisión, y eso no garantiza un caso exitoso ni justicia para las víctimas”, agregó.

También criticó que “las policías, lejos de encaminarse a la investigación, practican detenciones arbitrarias” y que la prisión preventiva es un mecanismo “muy aceitado que permite decir, ‘te vas a prisión o entregas una cantidad de dinero’”, lo que puede convertirse, dijo, en un esquema de extorsión.

Hernández León recordó casos emblemáticos de personas inocentes presas bajo esta medida, como Israel Vallarta, quien pasó 20 años encarcelado sin sentencia.

“Al final no hay en el sistema penal justicia ni para las víctimas ni para las personas acusadas”, señaló, y pidió un “replanteamiento muy profundo” del sistema, que incluya la profesionalización y autonomía de fiscalías, servicios periciales y defensores públicos.

Respecto a lo que podría resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su última sesión, Hernández León explicó que la figura jurídica es un “expediente de cumplimiento de sentencia internacional”, que permitirá determinar cómo se acata la sentencia de la Corte Interamericana pese a que la prisión preventiva oficiosa está constitucionalizada en México.

La Suprema Corte tendría que asegurar uniformidad del criterio y seguridad jurídica para que los jueces puedan dejar sin efectos esta medida en casos concretos y aplicar el control de convencionalidad.

Este control implica que los jueces deben verificar que las normas nacionales no contravengan la Convención Americana de Derechos Humanos y, en caso afirmativo, no aplicarlas.

Finalmente, Hernández León advirtió que la resolución será un legado importante de esta integración de la Suprema Corte y que la discusión deberá defender la independencia y la división de poderes frente a presiones políticas.

“Esta discusión y este asunto será el legado que deje la Suprema Corte en términos de haber defendido la independencia, la división de poderes, un tema de una sentencia internacional o simplemente dejar pasar y llevarlo a la siguiente conformación de la Suprema Corte”, concluyó.