'La irregularidad central' de las elecciones de 2006 fue la ruptura de la equidad: Figueroa

El analista y exconsejero electoral Alfredo Figueroa sostuvo que las principales irregularidades de las elecciones presidenciales de 2006 no estuvieron en el conteo de los votos, sino en la intervención de actores políticos y económicos que rompieron la equidad de la competencia.

También cuestionó que Morena impulse una nueva investigación sobre esos comicios mientras busca desviar la atención de las responsabilidades políticas y jurídicas del oficialismo en la actual crisis del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su participación en Aristegui en Vivo, Figueroa consideró que la discusión sobre los comicios de 2006 debe recuperar los hechos documentados sobre la intervención de actores políticos, empresariales y medios de comunicación en el proceso electoral, en lugar de centrarse en la supuesta manipulación del conteo de votos denunciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El exconsejero electoral señaló que existe una responsabilidad jurídica y política de la presidenta Claudia Sheinbaum, los legisladores y el oficialismo respecto a la situación actual del INE y las decisiones que han afectado su funcionamiento institucional.

“Es un hecho absolutamente contundente la responsabilidad jurídica y política que la Presidenta de la República, que los legisladores y que todo el oficialismo y el obradorismo tienen respecto de Guadalupe Taddei y respecto de la destrucción institucional que se ha vivido en el INE en los últimos años”, afirmó.

Consideró que las propuestas de reforma electoral impulsadas durante los últimos años también forman parte de ese proceso, pues representaron intentos de control sobre el organismo electoral y provocaron manifestaciones públicas en defensa de su autonomía.

En ese sentido, consideró que las iniciativas para investigar las contrataciones del INE desde administraciones anteriores, así como la propuesta de Morena de abrir una investigación sobre las elecciones de 2006, buscan desplazar la discusión sobre las responsabilidades actuales.

Figueroa señaló que las investigaciones deben realizarse dentro de los plazos legales correspondientes y que también podría recurrirse a mecanismos de recuperación de la memoria histórica, como una comisión de la verdad, siempre que se aborden los hechos con rigor.

“Si se hicieran con dignidad, lo que veríamos en muchas ocasiones es que la patraña y la mentira de muchos lados viene desde hace mucho tiempo y que la ruptura que se dio en el 2006 está llena de afirmaciones falsas de uno y otro lado”, expresó.

La discusión sobre 2006

Al referirse a las declaraciones del expresidente Vicente Fox, quien recientemente afirmó en una entrevista con Juan Luis Cebrián en el medio español The Objective que contribuyó al triunfo de Felipe Calderón en 2006, Figueroa distinguió entre las irregularidades relacionadas con la competencia electoral y las acusaciones sobre un supuesto fraude en el conteo de los sufragios.

El analista rechazó que exista evidencia de que los votos contabilizados en aquella elección hubieran sido alterados para modificar el resultado que dio la victoria a Calderón, quien superó a López Obrador por aproximadamente 0.56 puntos porcentuales.

Explicó que después de los comicios hubo revisiones de distintos tipos y niveles, aunque reconoció que no se abrieron todas las casillas, como habría sido deseable. Agregó que el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) no tenía facultades explícitas para ordenar por sí mismo la apertura de todos los paquetes, pues esa responsabilidad correspondía a los consejos distritales, salvo que existiera un acuerdo para ese propósito.

“Lo cierto es que no hay evidencia que permita advertir en ningún caso de lo aperturado, que había una modificación o que hubo una modificación de esos resultados en términos de la pequeñísima distancia que le sacó Felipe Calderón a López Obrador en esa elección”, sostuvo.

Aclaró que esa postura no significa que considere que la elección estuvo libre de irregularidades. Por el contrario, afirmó que la principal ruptura de la legalidad ocurrió en las condiciones de competencia entre los candidatos.

Recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizó la intervención de distintos actores y determinó que hubo participación indebida del entonces presidente Vicente Fox.

Mencionó las campañas contra López Obrador, particularmente los mensajes que lo presentaban como “un peligro para México” y las advertencias de que, de llegar a la Presidencia, se afectarían los bienes de la población.

“No es que alguien no tuviera libertad de expresión, el problema es que todo eso fue dinero inyectado desde el poder público y desde el poder privado para perjudicar a un contendiente”, señaló.

También consideró que López Obrador ha dicho verdades sobre la intervención de empresarios, Vicente Fox y las televisoras, particularmente Televisa, en la difusión sistemática de publicidad y propaganda durante la última etapa de la campaña presidencial, aunque sostuvo que sus señalamientos sobre el conteo de los votos no tienen sustento.

Fox y López Obrador tuvieron responsabilidad en la ruptura democrática

Figueroa atribuyó responsabilidades políticas tanto a Felipe Calderón como a Andrés Manuel López Obrador por la manera en que actuaron después de la elección de 2006 y por las consecuencias que sus decisiones tuvieron para las instituciones electorales.

Recordó que ambos participaron, desde sus respectivas posiciones partidistas, en la construcción del sistema democrático que permitió la alternancia política en México.

Mencionó las negociaciones de 1996 para integrar el Consejo General del IFE que presidió José Woldenberg, en las que Calderón, entonces presidente nacional del PAN, y López Obrador, dirigente del PRD, participaron en las discusiones sobre la conformación del órgano electoral.

El exconsejero consideró que la ruptura de 2006 también estuvo marcada por la postura que asumieron ambos políticos frente a las instituciones y el resultado electoral. Sobre Calderón, recordó la expresión “haiga sido como haiga sido”, con la que el entonces presidente electo transmitió que el resultado estaba por encima de las condiciones en que se había obtenido.

Respecto a López Obrador, criticó que descalificara al entonces IFE y a sus integrantes con expresiones como “al diablo con sus instituciones”, además de que acusara de mapaches electorales a personas que participaban en la defensa y el conteo de los sufragios.

Señaló que detrás de la institución hubo un esfuerzo de varias décadas para garantizar que los votos fueran contados y que la competencia política tuviera condiciones de equidad. Consideró que ambos políticos debieron actuar con mayor responsabilidad democrática, incluso frente a las presiones para abrir todos los paquetes electorales.

En cuanto a la revisión de los sufragios, recordó que cuando se desempeñaba como autoridad electoral en Puebla se instruyó abrir todos los paquetes cuya revisión fuera solicitada. Dijo que fue el estado que más paquetes abrió proporcionalmente durante el proceso.

Precisó que en Puebla se revisaron alrededor de 3 mil paquetes, mientras que en el conjunto del país se abrieron aproximadamente 11 mil, de un universo superior a 100 mil.

Reconoció que el Consejo General del IFE debió ordenar la apertura de todos los paquetes electorales, debido a la estrecha diferencia entre Calderón y López Obrador y a las circunstancias que rodearon la elección. “El IFE de entonces, aquel Consejo General, debió abrir todos los paquetes electorales”, afirmó.

Explicó que existieron presiones en ambos sentidos, tanto para impedir como para permitir la apertura de los paquetes, y que la legislación no establecía con suficiente precisión cómo debía procederse. Sin embargo, sostuvo que había margen para realizar una interpretación jurídica que permitiera una revisión más amplia y que finalmente no se hizo.

Añadió que el Tribunal Electoral conoció solamente una parte de las irregularidades, pues hubo elementos que no llegaron a su consideración, ya fuera porque no se presentaron las denuncias correspondientes o porque no se aportaron las pruebas necesarias.

A su juicio, el IFE y su Consejo General debieron tener una actuación distinta en aquel momento, al igual que los partidos y sus dirigentes.

Propaganda en televisión y contratos con Televisa

Uno de los aspectos que considera menos investigados de las elecciones de 2006 fue la difusión de propaganda política durante el último mes de la campaña presidencial.

Explicó que en aquel momento existía un sistema denominado Spot Locator y que una empresa llamada Berumen tenía subcontratado el monitoreo de la propaganda electoral.

Aseguró que todavía no existían los instrumentos de supervisión con los que cuenta actualmente la autoridad electoral, por lo que consideró necesario revisar qué ocurrió con esa empresa, sus bases de datos y los registros de los anuncios transmitidos por televisión.

El exconsejero sostuvo que durante ese periodo hubo una cobertura televisiva orientada a impedir que López Obrador llegara a la Presidencia y planteó que Televisa debería aportar información sobre la contratación y los costos de los espacios publicitarios de aquella campaña.

“Una televisora volcada minuto tras minuto a impedir la llegada de un opositor como López Obrador al poder, es una historia que tienen que contar los aliados de la señora de Morena. Están muy cerquita ahora y tienen contratos enormes, se llama Televisa”, afirmó.

También pidió investigar qué tarifas se ofrecieron al entonces candidato presidencial para transmitir sus anuncios y cuáles fueron los mecanismos utilizados para difundir propaganda, tanto la que se pagó legalmente con recursos de las prerrogativas como aquella que se habría contratado de manera irregular para incidir en el proceso electoral.

Por ello, consideró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ha anunciado revisiones sobre las contrataciones del INE, también debería buscar los archivos institucionales relacionados con el monitoreo de los anuncios televisivos de 2006.

“Que vea qué pasó, que nos diga dónde están esos archivos institucionales y abramos la posibilidad de tener una discusión en verdad seria, de una cosa que es en verdad importante”, planteó.

Apuntó que una investigación de ese tipo permitiría examinar tanto las irregularidades que afectaron la equidad electoral como las responsabilidades de los actores políticos y económicos que participaron en aquella contienda.

Alfredo Figueroa consideró que la propuesta de Morena de solicitar a la Cámara de Diputados una investigación sobre las elecciones de 2006 debe analizarse a la luz de la actual crisis del INE y de los señalamientos sobre las contrataciones realizadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

Afirmó que existe una contradicción en que el oficialismo busque revisar los hechos de hace dos décadas mientras mantiene relaciones políticas con actores empresariales y mediáticos que tuvieron un papel relevante en aquella contienda.

En ese contexto, mencionó el encuentro que López Obrador sostuvo en su domicilio con Bernardo Gómez y Ricardo Salinas Pliego en 2018, después de su triunfo electoral, y cuestionó la posterior relación de esos empresarios con el nuevo gobierno.

“¿Por qué hacen un comité asesor? ¿Y por qué luego se dice que son la transformación de qué? Si aquellos poderosos lo siguen siendo ahora y hay abusos y hay impunidad que se cometió en aquel tiempo”, cuestionó.

El analista sostuvo que una investigación histórica también debería revisar las pruebas presentadas ante los tribunales y las afirmaciones que se construyeron sin evidencia suficiente para sostener la narrativa de un fraude electoral en el conteo de los votos.

Citó las palabras del expresidente del PAN, Carlos Castillo Peraza -ya fallecido-, para señalar que la construcción democrática requiere actores capaces de aceptar los resultados electorales. “Para que haya democracia se necesitan demócratas y los demócratas tienen que saber perder y saber ganar”, recordó.

Pide que la nueva presidencia del INE sea independiente del poder

Al referirse a la situación actual del organismo electoral, Figueroa advirtió que el INE atraviesa una de las peores crisis de su historia y señaló que hasta el momento no existe una convocatoria para sustituir a Guadalupe Taddei en la presidencia del Consejo General.

También cuestionó que, en medio de esta situación, los actores políticos no hayan logrado ponerse de acuerdo sobre el perfil de quien debería encabezar el organismo.

El exconsejero sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de establecer las condiciones para alcanzar una decisión plural y garantizar que la persona que llegue a la presidencia del Consejo General tenga independencia respecto del gobierno y de los partidos políticos.

“Se lo digo a usted presidenta, a usted le corresponde sentar las bases para tener una decisión colectiva, plural, para que llegue a la mesa de la presidencia del Consejo General una persona que sea independiente”, señaló.

Agregó:  “¿Estará en condiciones presidenta de nombrar a una persona que sea independiente de usted para que, si tiene que hacerlo, la sancione a usted?”.

Acusó a Sheinbaum de utilizar recursos del gobierno para hacer propaganda en favor de Morena y en contra de los partidos de oposición, lo que constituye una violación a la Constitución.

“Esta presidenta está jugando a violentar la Constitución, porque usa todos los recursos del gobierno para hacer propaganda en favor de su partido y en contra de los partidos de oposición y eso, señora presidenta, es violar la Constitución”, sostuvo.

Consideró que la actuación de la mandataria frente al INE y su disposición para garantizar la independencia de quien encabece el organismo serán determinantes para el rumbo político de su gobierno. “Yo digo que quien debería serlo es una persona que sea independiente del poder, de ella y de todos los demás partidos”, concluyó.