Denuncian fracaso en apertura de archivos del CISEN ordenada por AMLO | Especial 
Un informe de la Comisión de la Verdad señala que 'la instrucción presidencial ha sido incumplida parcial o totalmente por parte de la SEDENA, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI'.
- Redacción AN / MDS
Por Rafael Cabrera
La promesa de apertura de los archivos de la guerra sucia y del desaparecido CISEN hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un político emergido de movimientos de izquierda que fueron reprimidos durante ese periodo, ha fracasado.
Un informe presentado hoy por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, el cual forma parte de la Comisión de la Verdad creada por la Secretaría de Gobernación (Segob), evidencia que la orden presidencial de febrero de 2019 para transferir al Archivo General de la Nación (AGN) los expedientes de la represión ha sido ignorada de forma sistemática por toda la administración de López Obrador, incluido el Ejército.
El informe, al cual Aristegui Noticias tuvo acceso, documenta dos temas.
Primero, que sólo un expediente -el del homicidio del periodista Manuel Buendía, ocurrido en 1984- ha sido entregado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN) al AGN, a pesar de que la orden presidencial abarca documentos creados desde 1986 hasta 2004.
En segundo lugar, el Mecanismo señala que a pesar de que hallaron evidencia en índices e instrumentos de consulta de que el CNI sí tiene documentación sobre Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel J. Clouthier, candidatos presidenciales en 1988, o del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), entre otros temas, esta no ha sido entregada por el organismo al AGN.
También, agrega el segundo bloque del informe, hay pruebas de que fueron desaparecidos expedientes personales de agentes o personas clave acreditadas por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecedente del CISEN. Por ejemplo, un hijo del expresidente Luis Echeverría y otros familiares de su esposa, Guadalupe Zuno.
El Mecanismo que publica este informe es dirigido por David Fernández, ex rector de la Ibero y ex director del Centro Pro, y quien es uno de los cuatro integrantes de la Comisión de la Verdad que fue instalada por López Obrador y que, en particular, depende del subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
Conferencia de prensa en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la desclasificación de archivos del CISEN. Foto: Archivo Cuartoscuro
Transparencia incumplida
El 28 de febrero de 2019, el presidente López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que toda su administración enviara al AGN los documentos que tuvieran sobre represión política y violaciones a derechos humanos en el periodo 1965-1990.
Años antes, en 2002, el entonces presidente Vicente Fox emitió una orden similar que abarcaba sólo el periodo 1965 a 1985. En ese proceso, el Ejército entregó documentación y Gobernación envió dos fondos, uno de los cuales era de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecedente directo del CISEN.
Con la orden de López Obrador se buscaba ampliar la transferencia hasta el año 1990 pero, además, se establecieron lineamientos para que el CNI entregara documentación al AGN en tandas: en 2020 debió enviar el periodo 1986-1990; en 2021, el 1991-1995; en 2022, 1996-2000; y este 2023, la última, correspondiente a 2001-2004.
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El AGN iba a ordenar esta información para que los ciudadanos pudieran consultarla.
Pero hasta ahora, sólo el expediente de Manuel Buendía ha sido enviado y ni siquiera corresponde al periodo 1986-1990 como argumenta el CNI, pues el homicidio ocurrió en 1984. El expediente tampoco ha sido abierto al público.
“La instrucción presidencial ha sido incumplida parcial o totalmente por parte de la SEDENA, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI”, dice el informe.
En la imagen, el periodista Manuel Buendía.
“El CNI sólo ha entregado un expediente, relativo al asesinato de periodistas –en específico sobre el homicidio de Manuel Buendía en 1984–, compuesto por una caja con 10 legajos, conformada por 816 fojas más 315 negativos y seis fotografías”, se lee más adelante.
Las omisiones, no obstante, no sólo han sido del CNI o del Ejército sino que “el AGN ha sido incapaz de dar claridad sobre la documentación que el CNI debía entregarle correspondiente al periodo 1985-1990”.
En la transferencia documental de 2002, con Vicente Fox, se entregó de hecho una primera parte del expediente de Buendía, junto con al menos 4 mil 223 cajas.
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En 2018, además, López Obrador desapareció el CISEN y lo transformó en el CNI, además de que lo pasó de Gobernación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para quitarle, a su juicio, el uso de espionaje político y que sólo hiciera labores de inteligencia.
El CNI actualmente es dirigido por el general Audomaro Martínez Zapata, un militar cercano al presidente López Obrador desde la década de los 80.
La Sedena, Marina y la FGR, por su parte, no han enviado ni un solo archivo.
En la imagen, Audomaro Martínez Zepeda. Foto. Archivo Cuartoscuro
Documentos desaparecidos
En su segundo bloque, el informe técnico del Mecanismo señala que hallaron evidencia en inventarios, ficheros y demás instrumentos de consulta que, desde la transferencia de documentos del CISEN al AGN en 2002, sí hay registros de expedientes sobre Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier, la Brigada Blanca, el PRD o el EZLN, entre otros personajes, pero estos no han sido entregados por el organismo al Archivo.
“La mayoría, si no es que toda la información que se señaló, pertenecía a una temporalidad posterior a 1985 y que, por ende, no estaba contemplada en el Decreto presidencial de Vicente Fox. Sin embargo, sí está estipulado en el Acuerdo Presidencial de 2019”, dice el informe.
A pesar de ello, el CNI no ha entregado más expedientes y de manera recurrente ha respondido por transparencia que no cuenta con archivos que sí debería tener sobre los periodos señalados y, además, asegura que por su parte ya cumplió con la orden presidencial de López Obrador.
El informe del Mecanismo agrega que también se localizaron fichas de agentes de la desaparecida DFS, como el exprocurador Rafael Macedo de la Concha, pero “hay elementos para afirmar que hay expedientes personales de agentes claves que pudieron haber sido sustraídos”.
El Mecanismo también halló evidencia de que Pablo Echeverría Zuno, hijo del expresidente Luis Echeverría, fue acreditado como agente de la DFS. Lo mismo ocurrió con dos de sus familiares, Andrés A. Zuno Arce, con placa de la DFS 793, y José Guadalupe Zuno Arce, con placa 167.
Además fueron hallados registros de códigos de barras de documentos que supuestamente fueron digitalizados, pero no se halló el respaldo.
“La evidencia recogida en este documento permite afirmar que el CNI ha incumplido los cuatro marcos legales ya referidos, y que esto obstaculiza el cumplimiento cabal del mandato del Mecanismo que deberá entregar su informe final en septiembre de 2024”, se lee en sus conclusiones.
“La apertura de los fondos aún en resguardo del CNI será uno de los principales legados del MEH a la sociedad mexicana en materia de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición, así como un reconocimiento del Estado mexicano a la importancia de los mecanismos de verdad y memoria. Los procesos de justicia transicional implican la apertura de archivos que prueban la comisión de violaciones a derechos humanos por parte de instituciones y agentes del Estado, dando así un paso hacia el esclarecimiento histórico y la verdad”, agrega el informe.
El fracaso de la apertura de los archivos de la represión resulta irónica cuando López Obrador ha manifestado innumerables ocasiones, como candidato o presidente, que él mismo fue víctima de espionaje político por la DFS y el CISEN y que al llegar al gobierno todos esos expedientes se iban a conocer.
Por su parte, el CNI ha declarado en varias respuestas a solicitudes de transparencia que, en lo que respecta a la documentación del periodo 1986-1990, realizó la transferencia de documentación al AGN el día 28 de septiembre de 2020, en cumplimiento del citado Acuerdo del 28 de febrero de 2019.7 De acuerdo con esto, se puede decir que, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2023 hay prueba de que CNI afirma haber realizado transferencia.
El AGN ha sido incapaz de dar claridad sobre la documentación que el CNI debía entregarle correspondiente al periodo 1985-1990.
Consulta el informe completo:
