'No soy criminal y no pienso suicidarme': Raymundo Ramos responde a señalamientos de EE.UU. que lo vinculan con el CDN

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, rechazó los señalamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculan con el Cártel del Noreste (CDN) y lo acusan de encabezar una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas bajo la apariencia de activista.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, sostuvo que la acusación desconoce su trayectoria de tres décadas en la defensa de derechos humanos y lo coloca en una situación de riesgo. Señaló que su trabajo ha sido documentado por instancias nacionales e internacionales, incluidos informes del propio gobierno estadounidense.

Indicó que casos acompañados por su comité han sido retomados en reportes del Departamento de Estado, y recordó que han sostenido reuniones con funcionarios de ese país que han utilizado su labor como referencia.

Asimismo, defendió que las denuncias impulsadas por el Comité han derivado en el reconocimiento oficial de violaciones graves a derechos humanos por parte de autoridades mexicanas. Citó, entre otros casos, las disculpas públicas emitidas por la Secretaría de Marina en julio de 2021 y por el gobierno de Tamaulipas en agosto de 2022, además de una tercera disculpa pendiente por la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal en 2013.

Ramos también destacó que su trabajo ha contribuido a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde 2010, así como a investigaciones en curso. Mencionó el caso de un operativo de la Marina en 2018 en Nuevo Laredo, donde, dijo, se registraron desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de 52 personas. “Esto lo tiene muy claramente la Fiscalía General de la República”, apuntó, al referir que actualmente hay marinos procesados por estos hechos.

En ese sentido, subrayó que el Comité se limita a documentar casos, acompañar a víctimas y hacer denuncias públicas y jurídicas. “El Comité no es Ministerio Público ni es un juzgado, solamente rompe el silencio”, explicó. Añadió que las manifestaciones que encabezan son pacíficas y organizadas, con notificación previa a autoridades y sin afectaciones a terceros.

Sobre el señalamiento de la OFAC, advirtió que este tipo de acusaciones incrementa el riesgo en su contra. “Eso es lo más peligroso de lo que está ocurriendo hoy”, dijo. Recordó que es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos desde 2013 debido a antecedentes de amenazas.

Indicó que no ha tenido comunicación reciente con autoridades ni ha solicitado medidas adicionales, y confió en que se mantenga la protección. “Yo seguiré siendo defensor de derechos humanos con protección del mecanismo, esto no me va a frenar”, dijo, al señalar que mantiene un compromiso con víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ellas familiares de personas asesinadas o desaparecidas en Tamaulipas.

Niega relación con otras personas señaladas

Negó cualquier relación con Eduardo Javier Islas Valdez ‘Crosty’ y con el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, también señalados por las autoridades estadounidenses. “No, eso es lo que más me preocupa, que me meten en medio de otras personas que no conozco”, afirmó.

Ramos vinculó los señalamientos actuales con una acusación previa en su contra promovida en 2019 por el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el exfiscal estatal Irving Barrios Mojica. Según explicó, en ese momento se integró una carpeta de investigación con imputaciones similares, tras denuncias del Comité sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales.

De acuerdo con su versión, dichas acusaciones derivaron en la cancelación de su visa estadounidense y en una campaña de desprestigio. Aseguró que nunca ha sido requerido por autoridades judiciales y reiteró su disposición a comparecer. “En estos 30 años de servicio no he sido requerido nunca por ninguna autoridad”, sostuvo.

También rechazó que su labor esté orientada a proteger a integrantes del crimen organizado. Cuestionó la responsabilidad de las autoridades estadounidenses ante las consecuencias de sus declaraciones: “¿Quién del Departamento del Tesoro va a asumir la responsabilidad en caso de que yo tenga un atentado?”, planteó.

“No tengo inversiones en Estados Unidos, no tengo empresas en Estados Unidos, no soy socio de ninguna persona, no tengo cuentas bancarias en Estados Unidos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre a quién responsabilizaría en caso de sufrir una agresión, señaló directamente al Departamento del Tesoro, al exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al almirante en retiro Marco Antonio Ortega Siu, a quien vinculó con el operativo de 2018 en Nuevo Laredo.

“Mi solidaridad con otros defensores de derechos humanos en nuestro país, porque estamos siendo atacados desde diferentes frentes y aún así estamos aquí dando la cara, yo no soy criminal, no pienso en suicidarme, emocionalmente estoy estable, afectado sí por 30 años de labor, eso es evidente pero con mucha fe y con mucha paz”, afirmó.

Espionaje con Pegasus

También se refirió a un caso de presunto espionaje con el software espía Pegasus, que -dijo-, derivó de una denuncia pública presentada en octubre de 2022 por hechos ocurridos en 2020. Explicó que, tras exhibir una ejecución extrajudicial en la que militares habrían asesinado a civiles -incluidas víctimas que, según su dicho, estaban secuestradas-, comenzó a detectar intervenciones en sus equipos telefónicos.

“Detectan efectivamente que mi teléfono de muchos años, o de toda la vida que uso como defensor de derechos humanos, estaba siendo espiado por el Ejército mexicano”, afirmó, al señalar que el caso fue documentado con apoyo de organizaciones como Artículo 19, R3D y la Universidad de Toronto.

Señaló que la denuncia penal por estos hechos no ha tenido avances y el Ejército ha rechazado proporcionar información sobre la adquisición del software. “Aquí estamos esperando que la justicia algún día llegue a México para nosotros”, sostuvo.

Ramos dijo que tras las acusaciones, familiares de víctimas se han acercado para expresarle respaldo, mientras él les ha pedido no movilizarse para evitar mayores riesgos. Advirtió que el momento es delicado por el papel de las Fuerzas Armadas en el país y reiteró que su trabajo ha consistido en documentar abusos en distintas regiones de Tamaulipas.