'El señor de los buques’, pieza clave en la red de huachicol fiscal: analistas 
Luis Carlos Sáinz, Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro analizaron en 'Aristegui en Vivo' la operación de la presunta red de huachicol fiscal que involucraría a marinos, funcionarios y empresarios. Destacaron el papel central de Roberto Blanco Cantú en la logística y transporte ilegal de combustible.
- Redacción AN / MDS
El analista Luis Carlos Sáinz y los periodistas Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, especializados en seguridad, aseguraron que el empresario regiomontano Roberto Blanco Cantú, conocido como “El señor de los buques”, es una pieza clave en la presunta red de huachicol fiscal que involucra a marinos, funcionarios y empresarios.
José Luis Montenegro reveló que, según documentos de la Guardia Nacional, “desde el 20 de enero del año 2022, al menos tres autotanques de Mefra Fletes S.A. de C.V., empresa vinculada a Blanco Cantú, fueron asegurados por la Guardia Nacional debido a que presentaban irregularidades en su documentación”.
Apuntó que la empresa fue vinculada a la red de huachicol tras la incautación de “millones y millones de litros de combustible ilícito” en distintos puertos del país, y que el famoso buque “Challenge Procyon”,que formó parte en marzo del aseguramiento de más de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, está vinculado a Roberto Blanco, “a quien también se le conocía como Roberto Brown en esta trama de huachicol fiscal”.
Según la tarjeta informativa 35/2022, a la que el periodista tuvo acceso, detuvieron un tractocamión con la leyenda “OF Transportes”, pero en realidad la Guardia Nacional se percató de que se trataba de Mefra Fletes S.A. de C.V.
“Lo interesante no es que lo detuvieran, sino que, en ese retén, cuando elementos de la Guardia Nacional le preguntan por qué huele tanto a hidrocarburos su tractocamión, el operador argumenta que transportaba diésel. La sorpresa llega cuando exhibe la documentación del tractocamión: la carta porte, las facturas y el pedimento no coincidían”.
En este caso específico, “los documentos amparaban solamente una carga de 47,317 litros de diésel, cuando este tractocamión transportaba 48,000 litros, su capacidad máxima, es decir, había 683 litros de diésel no comprobados”.
“Después de que pasan estos dos tractocamiones, aparece un tercero de la misma empresa con la misma carga. ¿Y qué documentación crees que entregó al operador de la Guardia Nacional? La misma factura que entregaron los dos primeros camiones”, explicó.
Montenegro explicó que la irregularidad consistía en que intentaban justificar con una sola factura una carga total de más de 144,000 litros repartidos en tres tractocamiones, cuando el documento solo amparaba 47,317 litros.
“Hay una trama perversa porque, ¿por qué ocuparías tres copias del mismo documento para comprobar cargas que ascienden a más de 144,000 litros?”, cuestionó. En ese sentido, barajó la posibilidad de estar también frente a una red de “huachi-diésel”.
“Los reconocimientos constantes realizados por parte del personal integrante de la Estación Linares han contribuido a actuar contra la incidencia delictiva en actividades del trasiego de combustible”, señala la Guardia Nacional en la tarjeta informativa con relación a los cargamentos detectados en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, en el kilómetro 215 del tramo Linares-Monterrey.
Una década operando
De acuerdo con los especialistas, Blanco Cantú, también conocido como “Roberto Brown”, lleva más de una década presuntamente involucrado en esta trama.
“Un caso que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, este personaje empresario regiomontano, Roberto Blanco Cantú, conocido como el señor de los buques, que es el proveedor de naves para operar el huachicol fiscal. Tenía más de 10 años operando, y apenas el 5 de septiembre le giraron orden de aprehensión por este delito. Y así hay múltiples empresas operando con irregularidades que se permitieron”, señaló Ricardo Ravelo.
Luis Carlos Sáinz, por su parte, mencionó que en muchos casos, a políticos y empresarios que son señalados se les da “la oportunidad de correr”. En el caso del llamado ‘el señor de los buques’, recordó que “estaba en constante alerta y ya interponía demandas de amparo”.
“Lo hizo por ahí el 26 de junio en un juzgado de distrito de Nuevo León. No prosperó porque hacía falta su firma. Volvió a hacerlo el 7 de julio. Esto está vigente, está en trámite, en contra de una posible orden de aprehensión que, a la postre, pues habría resultado, porque se dio cuenta de que el 23 de agosto fue detenido su socio y amigo, el empresario de San Luis Potosí, Héctor Manuel Portales Ávila”, dijo.
Sáinz añadió que Portales también habría promovido recursos legales, al igual que José René Tijerina Mendoza, “otro de los prestanombres” que obtuvo protección judicial en junio pasado contra la inclusión de su nombre en la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda, tras ser investigado por lavado de dinero.
Infiltración militar y presiones externas
Los analistas coincidieron en que el huachicol fiscal no podría sostenerse sin la complicidad de mandos de las Fuerzas Armadas. “Sí que hay infiltración en la Secretaría de Marina y Armada de México, algo que pues era de esperarse, ¿no? O sea, no hay delincuencia grande sin el apoyo de algunas figuras de autoridad, que estén a nivel municipal, estatal y federal. Y bueno, pues ahora vemos que en esta militarización también se ha arriesgado la cara de las Fuerzas Armadas”, advirtió Sáinz.
En su análisis, también sugirió que el destape público de esta red responde a presiones desde el extranjero: “Sin lugar a dudas esto proviene de los Estados Unidos, ¿no? Ya se ha comentado que México sigue la agenda de seguridad de los Estados Unidos”. “Marco Rubio estuvo aquí con Claudia Sheinbaum y probablemente se habló de ese tema y vienen los resultados de algo que ya no se podía ocultar”, señaló.
Sin embargo, el periodista Ricardo Ravelo matizó que la militarización de puertos, aduanas y aeropuertos, ordenada desde Estados Unidos, terminó por facilitar el contrabando de combustible: “¿Y en qué terminó el asunto? En que uno de los principales negocios era el tráfico de combustible robado: primero en los ductos de Pemex y ahora traído de Texas o de otras partes”.
“Se implicaron militares y, desde mi punto de vista, creo yo el último cinturón, el último eslabón de la seguridad que México tenía, porque desde hace muchos años ya no teníamos seguridad a nivel policial”, comentó.
Empresas y complicidades
Montenegro señaló que esta red criminal no operaba de manera aislada. Mencionó la participación de empresas y de exjueces como Anuar González Hemadi (quien fue apoderado legal de Mefra Fletes), así como de personajes presuntamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación.
También mencionó a José Isabel Murguía Santiago, hermano de un exalcalde de Jalisco preso por vínculos con el CJNG, Jesús Tadeo Amaya Olvera (propietario de la empresa Amoll) y José René Tijerina Mendoza, dueño de la empresa Montimex, quienes figuran en la red empresarial y legal que habría facilitado la operación del huachicol fiscal.
Ravelo, por su parte, insistió en que el trasfondo del negocio tiene raíces estructurales que se remontan a la política energética de los últimos gobiernos: “Desde el sexenio de Calderón hasta el de López Obrador se dejó caer completamente el sistema de refinación en Pemex”.
“Esto no tiene justificación, porque dio paso a la importación excesiva de combustible para abastecer el mercado nacional. Pero no hay una explicación todavía clara, detallada, de por qué dejaron caer el sistema de refinación. Esto dio paso al gran negocio que hoy, pues, está llenando los bolsillos de dólares a empresarios y políticos, muchos, por desgracia, todavía impunes”, enfatizó.
Los especialistas coincidieron en que el huachicol fiscal no se limita al contrabando de combustibles, sino que constituye un entramado político, empresarial y militar que, pese a las recientes detenciones, sigue operando con altos niveles de impunidad.