Ernestina Ascencio | Corte IDH condena el crimen y ordena reabrir investigación contra militares

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, principalmente por violar el derecho a la verdad”, afirmó Carmen Herrera, asociada de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C., en entrevista para ‘Aristegui en Vivo’.

Señaló que la sentencia también reconoció la responsabilidad de elementos del Ejército mexicano en la agresión sexual que sufrió Ernestina el 25 de febrero de 2007 y ordenó reabrir la investigación y sancionar a los responsables.

Herrera recordó que Ernestina Ascencio Rosario era una mujer indígena náhuatl de 73 años, originaria de la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz.

“Vivía en condiciones de marginación económica y de discriminación estructural, pero era una persona autónoma y fundamental para su comunidad”, dijo.

Señaló que, a pesar de su edad, Ernestina se mantenía económicamente mediante el pastoreo y los trabajos que realizaba en su localidad, llevando una vida independiente.

La abogada subrayó que los hechos ocurrieron en un contexto de militarización en la región, reconocido expresamente por la Corte Interamericana, así como de rechazo previo de la comunidad a la presencia de militares sin información ni consentimiento.

Ernestina Ascencio fue atacada y violada sexualmente por al menos tres o cuatro integrantes del Ejército mexicano, quienes hasta la fecha no han sido identificados.

Uno de los elementos centrales de la sentencia, indicó Herrera, es que la Corte dio pleno valor al testimonio de Ernestina, quien denunció la agresión antes de morir.

“La Corte creyó en la palabra de Doña Ernestina”, afirmó, y agregó que durante años su voz fue negada por las autoridades mexicanas, no por falta de pruebas, sino por prejuicios estructurales vinculados a su condición de mujer indígena y a que su testimonio se dio en su lengua materna.

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Herrera explicó que Ernestina no tuvo acceso adecuado a atención médica ni a un reconocimiento pleno dentro del sistema de justicia; además, resaltó la discriminación racial que atravesó el caso.

Si se hubiera tratado de otra mujer, probablemente habría recibido atención oportuna y una investigación distinta.

Durante las primeras etapas de la investigación se construyó un acervo probatorio sólido, que incluía peritajes médicos, análisis forenses y muestras biológicas que podían avanzar hacia la identificación genética de los responsables, pero “ese conjunto de pruebas fue desechado de manera deliberada”.

La abogada atribuyó este abandono a la imposición de una versión oficial promovida desde las más altas autoridades del país, particularmente durante el gobierno de Felipe Calderón.

Ese posicionamiento político tuvo un efecto directo en el curso del caso y provocó que se ignoraran pruebas clave, incluidas muestras de cromosomas que podían determinar la identidad de los agresores, explicó la abogada.

Herrera enfatizó que la investigación archivada no fue solo un error técnico, sino “una violación grave a las obligaciones del Estado, al haber privilegiado una narrativa política por encima del deber de investigar”.

La sentencia también documenta el daño profundo a la familia de Ernestina, ya que según Herrera, los familiares fueron engañados, trasladados bajo falsas promesas y privados de la posibilidad de impugnar el archivo del caso.

Estas acciones derivaron en aislamiento comunitario, afectaciones psicológicas y la ruptura de su vínculo con la búsqueda de justicia durante años.

También, mencionó que la Corte consideró estos hechos violaciones a la integridad personal y los calificó como trato cruel y forma de tortura al negar deliberadamente a la familia el acceso a la justicia y a la verdad.

Para Herrera, uno de los aspectos más relevantes es que la Corte reconoció que la violación del derecho a la verdad no afectó únicamente a la familia, sino a la sociedad en su conjunto y resaltó que “la negación de la verdad impidió que hubiera justicia y profundizó la desconfianza estructural hacia las instituciones del Estado”.

En un país donde suceden tantas violaciones que no se esclarecen, el derecho a la verdad es indispensable para construir democracia.

Herrera explicó que el litigio del caso duró casi 19 años y fue posible gracias al trabajo coordinado de múltiples organizaciones; en Veracruz participaron el Centro de Servicios Municipales Heriberto O’Hara y otras organizaciones comunitarias de la sierra de Zongolica; a nivel nacional se sumó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas; y en el ámbito internacional colaboraron el Robert F. Kennedy Human Rights Center y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.

Sin embargo, afirmó que “la confianza y la disposición de la familia fueron fundamentales para llevar el caso hasta la Corte Interamericana”.

La abogada destacó que durante todo el litigio fue necesario reconstruir la historia de Ernestina con rigor probatorio y cumpliendo los estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte.

“Gracias al esfuerzo de peritos, investigadores y medios de comunicación, pudimos reconstruir la historia completa ante la Corte”, señaló.

Herrera agregó que el Estado mexicano tuvo múltiples oportunidades para resolver el caso con diligencia, pero mantuvo una postura defensiva que incluso en etapas recientes reiteró la versión oficial que negaba los hechos.

Queríamos otra posición del Estado, pero confiamos en que la institucionalidad pueda corregir y adoptar una política pública contundente que elimine las barreras que enfrentan las mujeres indígenas.

Sobre el cumplimiento de la sentencia, Herrera señaló que las organizaciones enviaron una comunicación formal al Estado mexicano solicitando una hoja de ruta clara y sin dilaciones.

Reiteró que la sentencia no solo busca reparación para la familia, sino una transformación institucional que combata el racismo estructural y garantice el derecho a la verdad en México.

“La Corte avaló la palabra de Doña Ernestina y reconoció probados los hechos, ahora el Estado tiene la obligación de cumplir, reparar de manera integral a la familia y garantizar la no repetición”, concluyó Herrera.