Rojo de la Vega señala a presuntos involucrados en agresión; Sánchez Barrios confirma identidad de comerciante

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que identificó a cuatro personas que presuntamente participaron en la agresión contra funcionarios de la demarcación durante un recorrido en la Zona Rosa la noche del martes y exigió avances en las investigaciones que ya fueron presentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la alcaldesa afirmó que algunos de los señalados están vinculados con la diputada local Diana Sánchez Barrios, a quien responsabilizó políticamente de los hechos. “Yo identifiqué a cuatro, solita, no se necesitan grandes herramientas, no sé qué están esperando para que se castigue a los responsables”, declaró.

Según explicó, entre las personas que aparecen en videos y grabaciones de cámaras de vigilancia se encuentra un hombre que, de acuerdo con sus dichos, es padre de los hijos de la legisladora y que presuntamente se encontraba en el lugar antes del inicio de la agresión. También señaló a un asesor del Congreso de la Ciudad de México y a otras personas que, afirmó, forman parte del entorno de la diputada.

Rojo de la Vega sostuvo que el ataque ocurrió cuando un grupo de servidores públicos de la alcaldía acudió a la calle Génova para entregar notificaciones a comerciantes ambulantes que, según dijo, operan sin permisos en la zona.

Explicó que la intención era convocar a los comerciantes a mesas de diálogo para revisar posibles reubicaciones, luego de diversas quejas vecinales relacionadas con la ocupación de la vía pública.

De acuerdo con su versión, al llegar al lugar fueron interceptados por un grupo numeroso de personas que ya los esperaba. “Cuando caminamos para Génova, que es la calle peatonal de la zona rosa, nos estaban esperando más de 50 personas, mafiosos, delincuentes, con tubos, con piedras”, aseguró.

Añadió que los agresores utilizaron palos, armas blancas y botellas de vidrio para atacar a funcionarios de la alcaldía y a elementos de la policía auxiliar que los acompañaban. Rechazó las versiones que señalan que el personal de la demarcación acudió para retirar puestos ambulantes y sostuvo que únicamente pretendían entregar notificaciones y dialogar con comerciantes.

También afirmó que solicitó acompañamiento de la Policía capitalina antes de acudir a la Zona Rosa, pero que éste fue cancelado poco antes del recorrido. Asimismo, señaló que envió mensajes a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, e intentó comunicarse posteriormente con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, sin obtener respuesta. “Es momento que no se ha comunicado absolutamente nadie del gobierno con nosotros”, sostuvo.

Recordó además que la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra a poca distancia de donde ocurrieron los hechos y aseguró que no hubo intervención inmediata. Respecto a las lesiones, indicó que ella sufrió únicamente golpes menores, pero aseguró que varios integrantes de su equipo resultaron con fracturas y lesiones en cuello y espalda.

La alcaldesa sostuvo que la agresión fue premeditada, al señalar que los atacantes conocían la hora y el punto exacto de llegada del personal de la alcaldía. “Esto más que lesiones fue una tentativa de homicidio, fue una emboscada”, afirmó.

Asimismo, sugirió que alguien pudo haber alertado previamente a los agresores sobre el recorrido de la alcaldía, aunque evitó atribuir esa posible filtración a la policía. “Probablemente ellos dieron el pitazo, no lo sé”, dijo inicialmente. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si se refería a elementos policiales, respondió: “No, no puedo asegurarlo”.

Informó que los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía capitalina y pidió avances en las investigaciones. Aclaró que no acusa a los comerciantes ambulantes de participar en actividades de narcomenudeo, aunque sostuvo que la falta de orden en la vía pública facilita que personas dedicadas a la venta de drogas operen en la zona.

“No estoy diciendo que los comerciantes sean narcomenudistas, estoy diciendo que como no hay orden, no hay limpieza, pues ahí dentro de esta oscuridad, se esconde la gente que vende droga”, expresó.

También sostuvo que comerciantes ambulantes le han informado sobre presuntos cobros para poder ocupar espacios en la vía pública. Según afirmó, algunas personas pagan entre 3 mil y 4 mil pesos mensuales por permanecer en determinadas zonas de la alcaldía, según lo que, dijo, le han referido.

Pese a lo ocurrido, aseguró que la alcaldía continuará realizando recorridos y acciones de supervisión en el espacio público. “Vamos a seguir dando la cara, vamos a seguir en las calles todos los días”, afirmó.

Sánchez Barrios confirma identidad de comerciante señalado en enfrentamiento y se deslinda de violencia

Por su parte la diputada local de Morena, Diana Sánchez Barrios, rechazó las acusaciones formuladas por la alcaldesa de Cuauhtémoc y aseguró que debe realizarse una investigación para esclarecer lo sucedido. La legisladora sostuvo en Aristegui en Vivo que “nada justifica la violencia” e insistió en que está a favor de regular el comercio ambulante, pero rechazó que ello implique criminalizar a quienes ejercen esa actividad.

La diputada señaló que la intervención realizada en Génova se produjo pese a que, según dijo, había procesos de negociación en marcha. También acusó a la alcaldesa de romper los espacios de diálogo establecidos con comerciantes.

En respuesta a los señalamientos de Rojo de la Vega sobre los actos de agresión cometidos por vendedores ambulantes, Sánchez Barrios sostuvo que las personas involucradas son comerciantes de la zona y negó haber participado en la organización de acciones violentas.

Respecto a una persona identificada por la alcaldesa como cercana a ella y que aparece en videos difundidos tras los hechos, confirmó que se trata del padre de sus hijos y que es comerciante en el espacio público. “Por supuesto que es el papá de mis hijos”, declaró. Añadió que se encontraba en el lugar porque desarrolla actividades comerciales en esa zona.

La legisladora aseguró que desconocía que pudiera producirse un enfrentamiento. “Yo me deslindo totalmente porque estoy en contra de la violencia, yo siempre le he apostado al diálogo”, expresó. Asimismo, indicó que fue “la primera sorprendida” al enterarse de los acontecimientos.

Sánchez Barrios sostuvo que existen videos que, a su juicio, muestran que las primeras agresiones provinieron de personas que acompañaban a la alcaldesa. Según relató, en las grabaciones aparece un hombre vestido de civil que agrede a una comerciante antes de que se desencadenara el enfrentamiento.

La diputada también rechazó las acusaciones de que ella o la organización Pro Diana cobren cuotas a comerciantes para permitirles trabajar en la vía pública. “Eso que ella dice es una vil mentira”, respondió. Además, retó a que cualquier señalamiento en su contra sea sustentado con pruebas y presentado ante las autoridades competentes.

Afirmó que el conflicto con la alcaldesa se intensificó después de que, el 30 de enero de 2026, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la Ciudad de México por presuntas irregularidades relacionadas con recursos públicos en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la legisladora, la denuncia se refiere a un monto de 97 millones de pesos y plantea posibles faltas de transparencia y opacidad en contratos. También cuestionó el estado de mercados, deportivos y otros espacios públicos de la demarcación.

Asimismo, hizo un recuento de diversos operativos realizados durante este año contra comerciantes en distintos puntos de la alcaldía, entre ellos San Cosme, Insurgentes y la colonia Roma Sur, los cuales, afirmó, se llevaron a cabo con uso excesivo de la fuerza.

La diputada sostuvo que los comerciantes instalados en Génova fueron reubicados en ese punto como resultado de acuerdos previos derivados del retiro de vendedores de la Glorieta de Insurgentes, por lo que consideró que la actuación de la alcaldía ignoró antecedentes y documentación existente.

En materia legislativa, Sánchez Barrios aseguró haber impulsado iniciativas para regular el comercio en el espacio público. Señaló que recientemente presentó una propuesta de reforma constitucional para establecer horarios y espacios específicos para esta actividad, además de recordar que anteriormente promovió la denominada “Ley Chambeando“, respaldada por 45 mil firmas ciudadanas.

Sobre los hechos ocurridos en Génova, la legisladora pidió que las autoridades investiguen lo sucedido. “Por supuesto que exista la investigación”, afirmó. Añadió que las denuncias ya presentadas tanto por funcionarios como por comerciantes permitirán que las autoridades determinen responsabilidades.

Insistió en que el conflicto debe resolverse mediante el diálogo y reiteró que, en su opinión, las acciones emprendidas por la alcaldía contra comerciantes han contribuido a escalar la confrontación.