Ejército Espía: Firman carta en apoyo al Centro Prodh

Un total de 175 organizaciones y 219 personas, a través de una carta, expresaron su apoyo al trabajo realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y condenaron las acciones de espionaje cometidas por el Estado contra el centro durante esta administración.

Entre los firmantes destacan Amnistía Internacional, Artículo 19, Human Rights Watch, Verificado MX, entre otros, quienes reconocieron el la labor del Centro Prodh, enfocada “en el acompañamiento de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, en particular de las y los más desfavorecidos del país”.

Resaltaron también las causas emblemáticas que el centro ha defendido, como la tortura sexual cometida en contra
de mujeres en Atenco, en el Estado de México; las familias de los mineros de Pasta de Conchos; en Guerrero, la tortura cometida en contra de los campesinos ecologistas; las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición forzada en 2014 de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero; entre otros casos.

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“Ha continuado, como muchas de las firmantes, denunciando actualmente los riesgos de la militarización, la persistencia de la tortura y otras, violaciones, así como los pendientes en el acceso a la justicia“, enfatizó el documento, haciendo referencia además a que el centro “ha sido un semillero fundamental y formadora de personas defensoras de derechos humanos a lo largo de casi cuatro décadas”.

Asimismo, resaltaron que no existe justificación alguna para que un gobierno que se autodomina “democrático“, espíe a quien realice un trabajo en defensa a los derechos humanos, condenando el espionaje que, por segunda ocasión (en dos diferentes administraciones), se realiza a integrantes del Centro Prodh.

El grupo de firmantes se refiere a los hallazgos realizados por Citizen Lab, un instituto de investigación de la Universidad de Toronto, donde se condujeron exámenes forenses a teléfonos celulares pertenecientes a integrantes del centro. Los resultados comprobaron que los dispositivos fueron infectados por el sistema de vigilancia Pegasus al menos 5 ocasiones durante 2022.

En el 2017, los integrantes de la organización también fueron espiados por el mismo spyware. En su momento, uno de los implicados denunció ante la ahora FGR los actos cometidos en su contra, en conjunto con otros defensores de derechos y periodistas, sin que se realizara una “investigación seria y exhaustiva“.

“El que una misma organización enfrente esta misma vulneración en dos administraciones consecutivas demuestra contundentemente que la impunidad invita a la repetición y evidencia las consecuencias de una FGR incapaz de investigar“, afirmaron los firmantes en la carta.

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Destacaron también el “contexto de creciente militarización” en el que se encuentra el país, que representa un motivo de mayor preocupación y demuestra “los riesgos que tiene para la defensa de los derechos humanos, el periodismo y la democracia, el empoderamiento sin controles de las Fuerzas Armadas, que ahora sabemos incluye el uso ilegal de este tipo de tecnologías intrusivas“.

Las organizaciones y personas firmantes finalizaron su carta exigiendo el cese inmediato del espionaje realizado desde el Centro Militar de Inteligencia, así como en otras instancias de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Al mismo tiempo, hicieron un énfasis en la necesidad de instaurar un entorno de transparencia, donde se haga pública toda la información relacionada con las contrataciones de sistemas de intervención de comunicaciones privadas por parte de la Sedena y la FGR. De este última dependencia, exigieron “una investigación imparcial, diligente, objetiva, profesional, exhaustiva y seria”

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