Mario Aburto ya cumplió pena máxima por caso Colosio; no se debe dejar de lado la reinserción: De Robina

Sofía de Robina, secretaria técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) quien representa a Mario Aburto, magnicida confeso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, aseguró que Aburtó está a punto de cumplir la pena máxima por el caso, por lo que esto debería ser considerado como suficiente.

“Lo que se está estableciendo aquí, pese a la gravedad del caso, es que ya se cumplió, o está por cumplirse una pena máxima, y eso tendría que ser atendido, desde un contexto de derechos humanos, de reinserción social y de proporcionalidad de la pena, como suficiente en este caso y en cualquier otro caso en el que una persona ya cumplió una pena de estas características”, explicó en Aristegui En Vivo.

El pasado 6 de octubre, un Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en el Estado de México invalidó la condena de 45 años de prisión que se le impuso, pues los magistrados le concedieron un amparo ante la sentencia por el delito de homicidio, tras detectarse diversas violaciones procesales.

Entre ellas que debe juzgarse al imputado por el delito de homicidio que señala el Código Penal para el Estado de Baja California y no por el Código Penal Federal, como aconteció en el caso.

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De Robina explicó que el código estatal de la época establecía una pena máxima era de 30 años de cárcel, por lo que el acusado cumplirá con ese periodo de tiempo el próximo marzo del 2024, cuando quedaría en libertad.

“La Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en el artículo 51 cuáles son los delitos que tienen que considerarse del fuero federal y cuando analizamos este artículo no encontramos ninguna fracción que establezca que el ser candidato o candidata a la república sea, en sí mismo, una razón por la que el fuero tendría que ser federal”, agregó.

El pasado 19 de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la anulación de sentencia dictada a Mario Aburto, por lo que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el caso.

La Fiscalía argumenta que el fallo no analizó correctamente la jurisdicción federal que “era indudablemente aplicable desde un principio, en este caso; ya que no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, por su magnitud y consecuencias, el asunto correspondía a las autoridades federales”.

Ante ello, la especialista reconoció que este es un caso sumamente relevante, que generó una afectación en primer lugar a las víctimas directas, a quien les expresó su más amplia solidaridad y también a la sociedad en su conjunto, pero aseguró que esto no basta para que sea considerado del fuero federal.

“Es un  caso que sin duda cimbró al país y que en términos políticos-históricos es sumamente relevante, sin embargo, todas esas argumentaciones no bastan para establecer que sea del fuero federal, es una cuestión de legalidad que tiene que atenderse y que lo hace de manera correcta el tribunal colegiado al analizar que efectivamente el caso no surte en la necesidad de que el delito fuera del orden federal”, apuntó.

Añadió que el recurso presentado es improcedente y aseguró que es preocupante que este tipo de apelaciones se presenten en un contexto en el que el Poder Ejecutivo ha lanzado señalamientos que atienden más a argumentos de orden político-jurídico.

“(El recurso) sí está ocasionando que se retrase más el cumplimiento a la sentencia, que lo que implicaría es que la autoridad responsable tendría que emitir una nueva sentencia únicamente trasladando la pena y estableciendo la nueva penalidad y, por lo tanto (afecte) la posible libertad en próximos días, a más tardar en marzo, que son los 30 años “, agregó.

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