Filtraciones, poder y erosión institucional | Columna de Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes

En el entramado del Estado mexicano moderno, donde la legitimidad descansa simultáneamente en la capacidad de ejercer el monopolio de la fuerza, en la racionalidad administrativa y en la confianza pública, cualquier fisura en uno de estos pilares no constituye un incidente menor, sino un síntoma de descomposición más profunda. Las recientes filtraciones difundidas por Aristegui Noticias, en las que se revelan grabaciones donde participa el ex titular de la Secretaría de Marina y en las que un contraalmirante advierte sobre posibles actos de corrupción al interior de la institución, obligan a pensar en que este evento se trata de una grieta que expone varias de las tensiones estructurales del Estado mexicano contemporáneo.

La primera interrogante que se impone es de carácter político en su sentido más riguroso: ¿quién posee el poder de acceder a una grabación de esta naturaleza, resguardada en los niveles más altos de una institución castrense, y por qué decide hacerla pública en este momento preciso? La filtración es siempre una acción estratégica. Supone la existencia de redes de poder que operan dentro del aparato estatal, circuitos informales de información que escapan a la jerarquía oficial y que, en determinados momentos, irrumpen pretendiendo modificar los equilibrios. En esta dimensión, el hecho remite a una lógica que la teoría política ha identificado reiteradamente: el Estado no es un bloque homogéneo, sino un campo de fuerzas donde actores diversos compiten por posiciones, recursos y legitimidad. La filtración, en ese sentido, es un gesto de intervención en esa disputa; una forma de acción política que revela tanto como oculta, que expone una falla mientras encubre la identidad y los intereses de quien la hace visible.

Pero si el origen de la filtración remite a las zonas opacas del poder, sus efectos se despliegan en el plano más visible de la vida pública: la confianza. Durante años, la Secretaría de Marina ha ocupado un lugar excepcional en el imaginario colectivo mexicano. En un país marcado por la violencia, la impunidad y la desconfianza crónica hacia las instituciones civiles, la Marina ha sido percibida -medida en encuestas como la ENVIPE y la ENSU del INEGI- como la institución con mayor credibilidad y confianza ciudadana. Este dato no es menor: en contextos de fragilidad institucional, la legitimidad no se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en aquellos espacios donde la ciudadanía percibe orden, disciplina y eficacia.

Por ello, la implicación del más alto mando en un escándalo de corrupción puede representar la erosión de uno de los últimos bastiones de confianza del Estado mexicano. Se rompe, con ello, una suerte de pacto simbólico: la idea de que, al menos en ese ámbito, la lógica de la corrupción no había penetrado con la misma intensidad que en otras esferas del poder público. La consecuencia puede ser de gran magnitud, no sólo en términos reputacionales, sino en la arquitectura misma de la legitimidad estatal.

Este fenómeno adquiere una dimensión aún más compleja si se le coloca en el contexto de las decisiones estratégicas adoptadas por el gobierno del expresidente López Obrador. La transferencia de funciones civiles a las Fuerzas Armadas -desde la seguridad pública hasta la administración de infraestructura clave- se sustentó en una narrativa que apelaba precisamente a la necesidad de combatir la corrupción. Frente a una burocracia civil percibida como ineficiente y capturada por intereses particulares, las Fuerzas Armadas aparecieron como un instrumento de orden, disciplina y probidad. Era, en cierto sentido, una apuesta por trasladar la legitimidad desde la institucionalidad civil hacia la estructura militar, bajo la premisa de que ésta última se encontraba relativamente al margen de las prácticas corruptas.

Sin embargo, lo que hoy emerge pone en cuestión esa premisa. La filtración no sólo revela posibles actos de corrupción, sino que golpea la idea de la excepcionalidad moral de las Fuerzas Armadas. El poder corruptor del dinero -esa forma de poder informal que atraviesa estructuras, jerarquías y normas- demuestra así su capacidad de infiltrarse incluso en aquellas instituciones que se han constituido como las más sólidas. Este hecho obliga a considerar que la corrupción se configura como una patología sistémica que se reproduce allí donde existen incentivos, opacidad y concentración de poder.

En este sentido, la crisis que hoy atraviesa la Marina debe permitir entender que la confianza depende de la existencia de mecanismos robustos de control, transparencia y rendición de cuentas. Apostar por la excepcionalidad de un actor es, en última instancia, renunciar a la construcción de un orden institucional generalizable.

De ahí que el problema de fondo sea la ausencia de un aparato civil capaz de sostener, con eficacia y probidad, las funciones fundamentales del Estado. La militarización, en este contexto, aparece como una solución contingente que, lejos de resolver el problema estructural, lo desplaza en el tiempo. Se recurre a las Fuerzas Armadas porque no se cuenta con una burocracia civil confiable; pero al hacerlo, se posterga la inversión política, administrativa y ética necesaria para construirla. La paradoja es, por tanto, inquietante. Cuanto más se depende de las Fuerzas Armadas para suplir las deficiencias del aparato civil, más se debilita el incentivo para reformar este último. Y, al mismo tiempo, mayor es el riesgo de exponer a las propias Fuerzas Armadas a dinámicas de cooptación, especialmente en un país donde el crimen organizado ha alcanzado niveles de poder territorial y económico que desafían abiertamente al Estado.

En este horizonte, la urgencia es clara. México necesita reconstruir un gobierno civil eficaz, dotado de capacidades técnicas, sostenido por una ética pública robusta y respaldado por mecanismos institucionales que garanticen la rendición de cuentas. No se trata de una tarea menor ni de corto plazo, pero sí de una condición indispensable para la estabilidad democrática. La alternativa -prolongar indefinidamente la dependencia de las Fuerzas Armadas- implica riesgos que la teoría política ha documentado ampliamente: la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar, la concentración de poder y la erosión progresiva de los contrapesos democráticos.

Las filtraciones que hoy sacuden a la Marina, en suma, revelan la fragilidad de un modelo de Estado que ha descansado en soluciones excepcionales para problemas estructurales. Y obligan a confrontar una verdad ineludible: ningún Estado puede sostener su legitimidad en la confianza depositada en un número reducido de instituciones. La estabilidad duradera requiere de algo más exigente y, a la vez, más difícil de construir: un entramado institucional civil que sea, en sí mismo, digno de confianza, incluso independientemente del partido o movimiento que llegue al poder.

Investigador del PUED-UNAM