Extorsión y corrupción: una doble carga que destruye economías locales | Columna de Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes

Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al cuarto trimestre de 2025, así como la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, puede afirmarse que la extorsión aparece se ha convertido en un fenómeno estructural que atraviesa la vida económica y social de amplias zonas urbanas del país.

En efecto, en el segundo semestre de 2025, 32.3 % de los hogares fue víctima de al menos un delito de robo, extorsión o fraude, y dentro de ese conjunto la extorsión destaca por su crecimiento y por su carácter particularmente corrosivo para las economías locales. No se trata de un delito más: opera como un impuesto ilegal, permanente y difuso, que erosiona la base material de la vida cotidiana.

La ENSU muestra que, en el segundo semestre de 2025, 14.1 % de los hogares reportó haber sufrido extorsión, un incremento respecto del semestre previo y una proporción superior a varios delitos patrimoniales tradicionalmente considerados más visibles, como el robo a casa habitación o el robo total de vehículo.

Este dato es particularmente revelador porque, a diferencia de otros delitos, la extorsión no se agota en el evento único, sino que suele adoptar la forma de una relación sostenida de amenaza y pago. Desde el punto de vista económico, esto implica una extracción continua de rentas que reduce márgenes de ganancia, desalienta la inversión, precariza el empleo y empuja a la informalidad o al cierre definitivo de pequeños y medianos negocios.

En esa lógica, la extorsión puede entenderse como una patología del poder. Allí donde el Estado no logra monopolizar legítimamente la coerción, emergen actores que imitan sus funciones de manera perversa: cobran, regulan, castigan y secuestran, desaparecen personas o matan. El crimen organizado no solo vende protección; impone una forma de orden basada en el miedo. En muchas economías locales, el “derecho de piso” se convierte en una condición de posibilidad para operar, una suerte de tributo privado que sustituye al impuesto público o que se suma como costo adicional y que, al hacerlo, vacía de contenido la soberanía estatal en el nivel más elemental: el de la vida económica cotidiana.

Sin embargo, uno de los hallazgos más inquietantes de la ENSU es que la extorsión no se limita al ámbito criminal. La encuesta documenta que 45.4 % de la población que tuvo contacto con autoridades de seguridad pública experimentó algún acto de corrupción durante el segundo semestre de 2025. Esta cifra no puede leerse únicamente como un problema ético o administrativo; debe ser interpretada como una segunda capa de extracción indebida de rentas. Cuando una autoridad exige pagos ilegales, retrasa trámites, condiciona servicios o amenaza con sanciones arbitrarias, reproduce lógicas extorsivas que, aunque formalmente distintas de las criminales, tienen efectos económicos similares sobre las personas y los negocios.
Desde esta perspectiva, las economías locales quedan atrapadas en una doble pinza. Por un lado, la extorsión criminal impone pagos bajo amenaza de violencia directa; por otro, la extorsión institucional -normalizada como “mordida”, “gestión” o “arreglo”- impone costos ilegales para acceder a derechos, permisos o simplemente para evitar hostigamiento. El resultado es una economía sometida a una presión constante, donde la legalidad deja de ser una garantía y se convierte en un costo más. En términos clásicos, se produce una ruptura del contrato político básico: el ciudadano paga impuestos para recibir protección y servicios, pero, en la práctica, paga dos veces y recibe cada vez menos.

La gravedad del fenómeno se refleja también en el clima subjetivo que registra la ENSU. En diciembre de 2025, 63.8 % de la población adulta se sentía insegura en su ciudad, y la delincuencia -incluyendo explícitamente robos, extorsiones, secuestros y fraudes- fue identificada como uno de los principales problemas urbanos.

Esta percepción no refleja únicamente un estado de ánimo, sino que incide directamente en las decisiones económicas. La misma encuesta muestra cambios significativos en hábitos cotidianos por temor al delito, como dejar de salir de noche o limitar actividades comerciales y sociales, lo que reduce la circulación económica y debilita el tejido comunitario

Desde esta óptica la extorsión puede leerse como una forma de violencia económica estructural. No busca necesariamente la destrucción del otro, sino su subordinación permanente. A diferencia del robo, que sustrae un bien y se consuma, la extorsión captura al sujeto en una relación asimétrica duradera. En este sentido, es uno de los delitos que mejor expresa la transformación contemporánea del crimen organizado: más espectacular, más racional, más orientado a la gestión de territorios y mercados.

Lo más preocupante es que esta lógica se ve reforzada cuando las instituciones encargadas de combatirla reproducen prácticas similares. La ENSU revela que una proporción significativa de la población reporta conflictos directos con autoridades, y que la confianza y la percepción de efectividad de las policías municipales y estatales se mantienen en niveles bajos. En ese sentido, otro aspecto preocupante es que, allí donde la autoridad es percibida como ineficaz o corrupta, la denuncia de la extorsión criminal se vuelve irracional desde el punto de vista del ciudadano. El silencio, la adaptación o el pago aparecen como estrategias de supervivencia económica.

En términos de filosofía política, esto plantea una cuestión central: un Estado que no logra impedir la extorsión -criminal o institucional- deja de ser garante del orden económico y se convierte en parte del problema. La extorsión no solo empobrece, sino que despolitiza. Socava la idea misma de ciudadanía al transformar derechos en favores, y obligaciones en tributos informales. Al vivir bajo este régimen, la democracia se vacía de contenido material, aunque conserve sus formas.
Dimensionar la gravedad de la extorsión implica, por tanto, ir más allá de su magnitud estadística que, de suyo, ya es grave. Significa reconocerla como un indicador privilegiado de la crisis del Estado en el nivel local, y como un síntoma de la captura del espacio económico por poderes fácticos y prácticas institucionales desviadas. Mientras la respuesta pública se limite a operativos episódicos o a discursos de condena moral, la extorsión seguirá funcionando como el peor y más costoso impuesto que pagan las economías locales.