Gobierno de EPN gastó 5 mil mdp en miniejército y sistema de monitoreo fuera de Torre Pemex
La Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos, creada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, presumió en su informe final que logró la “contención” del delito de robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas en ductos.

Entre 2012 y 2018, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Petróleos Mexicanos (Pemex) invirtió 5 mil millones de pesos en armas, uniformes, vehículos y tecnología de punta para combatir el robo de combustible, lo que redundó en una “contención” del problema, según un informe que dejó la administración de Enrique Peña Nieto para cerrar su sexenio.

La dependencia encabezada por Eduardo León Trauwitz, militar que fue escolta de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, creó un centro de monitoreo de ductos, instalaciones petroleras y vehículos de seguridad en una reserva que mantiene la empresa en la Exrefinería 18 de Marzo, que se ubica en la Ciudad de México.

En el centro de monitoreo, nombrado C5i, los elementos de seguridad Pemex tuvieron acceso en tiempo real a dos sistemas de información de Pemex Logística que operan con los programas LeakLab e Hidrotecate.

Con esta tecnología se puede monitorear, detectar y localizar fugas por “pérdida de contención del ducto en sus variables de presión y flujo mediante sensores (acústico-presión) por onda negativa”.

El documento “Diseño y Aplicación de la Estrategia Integral de Salvaguardia para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias” forma parte del Libro Blanco que dejó Carlos Alberto Treviño, último director de Pemex en la pasada administración, como parte de los procesos de entrega-recepción a los funcionarios nombrados por López Obrador.

Este informe particular está firmado por Wenceslao Cárdenas Acuña, como titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, toda vez que Eduardo León Trauwitz se reintegró al Ejército el 1 de agosto de 2018.

El documento resume las acciones realizadas para combatir el Mercado Ilícito de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos entre 2012 y 2018, el cual es visto como un problema de seguridad nacional y una “afrenta” al Estado mexicano que se refleja en pérdidas económicas, aunque no señala cifras.

El documento indica que durante el sexenio se trabajó de manera coordinada con la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Policía Federal y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Como conclusión, los funcionarios de Peña Nieto afirman que se logró reducir el promedio anual combustible robado respecto de la cantidad de tomas clandestinas: “se puede apreciar que para 2018 se identifica una contención en la velocidad de crecimiento de las desviaciones y que las tomas clandestinas no tienen correlación con los volúmenes faltantes toda vez que no son directamente proporcionales”.

E incluyen esta gráfica:

El reporte oficial no incluye el número exacto de tomas clandestinas ni de combustible robado como medida de éxito de la política.

 

PROYECTOS

Según el Libro Blanco, la estrategia de seguridad contó con cuatro proyectos de inversión en los que se presupuestaron 5 mil 16 millones de pesos.

El primer proyecto se nombró “fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex” y fue por 2 mil 521 millones para adquirir, mediante adjudicación directa, “equipos y tecnología de vanguardia” para el patrullaje e inspección de las instalaciones mediante aire y tierra, además de la “Intercepción e interrupción rápida y efectiva de las acciones del crimen organizado, a través de la movilización y el desplazamiento rápido del personal por vía aérea y terrestre”.

El segundo proyecto costó 175 millones de pesos y fue para dar a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica oficinas equipadas para albergar un centro de monitoreo de instalaciones y salvaguardar el equipo, armas, vehículos y vestuario de la institución.

El centro de seguridad se instaló en una reserva territorial que mantuvo Pemex en la Exrefinería 18 de Marzo, ubicada en la Ciudad de México, donde actualmente se aprecian altos muros de hormigón rodeando las instalaciones.

En el informe destacan fotos de este centro: se aprecia a elementos de la subdirección que tienen acceso a imágenes de dron, mapas y diagramas con el trazo de los ductos.

El tercer proyecto correspondió a la compra de armas por 17 millones 710 mil pesos, mediante una licencia entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la dependencia no aclara el número ni tipo de armamento adquirido.

Finalmente, el último proyecto es “Gasto de operación derivado de los Proyectos de Inversión y Otras Iniciativas”, del cual no se especifican más detalles.

La dependencia se negó a informar cuántos elementos laboran en la subdirección, según se aprecia en respuestas a solicitudes de información que figuran en la Plataforma Nacional de Transparencia, argumentando la vulneración a los sistemas de seguridad.

En el rubro de otras acciones, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica informó que estableció una oficina para recibir denuncias mediante vía telefónica (01-800-228-96-60) y el correo vigilante@pemex.com.


LA SEGURIDAD DE PEÑA NIETO

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) fue encabezada por Eduardo León Trauwitz del 2 de enero de 2013 hasta el 1 de agosto de 2018.

Entre 2006 y 2010, el militar fue coordinador de Seguridad Presidencial en el Estado Mayor Presidencial (EMP), según su declaración patrimonial.

Entre 2010 y 2012 laboró en la ayudantía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, donde coordinó la seguridad del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.

Entre septiembre de 2012 y enero de 2013 regresó al EMP y, finalmente, se integró a Pemex como titular de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica.

Tras dejar su cargo en Pemex, Eduardo León Trauwitz fue dado de alta como trabajador de la Contraloría General del Ejército, pero se dio de baja el 31 de diciembre de 2018, según sus declaraciones patrimoniales.

En conferencia de prensa del 8 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el general es investigado como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburos, sin que hasta el momento se haya hecho oficial la presentación de cargos en su contra.






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