opinión*
El pacto de Morena con el PRI y la Fiscalía General (Artículo)
Para la libertad por Alfredo Lecona
(Foto: Archivo)

Por: Alfredo Lecona / @AlfredoLecona

Un pacto entre MORENA y el PRI, que tendría en el centro el control de la acción penal en contra de quienes operaron el financiamiento ilegal de campañas priistas, podría evitar la transición a una fiscalía verdaderamente autónoma e independiente del poder político.

La amenaza de la prisión recorre los pasillos de priistas que aceitaron las maquinarias del dinero ilícito para sus campañas. En la que llevó a Peña a la presidencia, en 2012, la pista está en Emilio Lozoya y Odebrecht; y en las de 2015, en César Duarte y Manlio Fabio Beltrones a través de su operador y exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez. Por distintos hechos ocurridos en meses recientes, parece que AMLO ha decidido con qué parte de ese priismo pactar impunidad.

Por un lado, la incorporación de Santiago Nieto, extitular de la FEPADE, al equipo AMLO, podría significar que si gana el próximo domingo continuarán las investigaciones del caso Odebrecht. Pero no ocurre lo mismo con los procesos abiertos contra César Duarte en Chihuahua, estado del que se sustrajeron recursos públicos para las campañas del PRI en 2015, pues sus protagonistas han sido abiertamente defendidos por Yeidckol Polevnsky, Presidenta Nacional de MORENA.

El 8 de enero, cuando Javier Corral denunció la represalia del gobierno federal por los procesos abiertos en contra la administración de Duarte, AMLO responsabilizó públicamente a José Antonio Meade por el peculado electoral de Chihuahua. Pero dos días después Yeidckol declaró que la denuncia de Corral se trataba de una cortina de humo. El 18 de enero declaró que “no se vale lo que le hacen a Manlio” y dijo confiar en la honestidad de Alejandro Gutiérrez.

Entre febrero y marzo (como fue abordado anteriormente en esta columna), Yeidckol sostuvo encuentros con Canek Vázquez, exsecretario particular de Beltrones, en días en los que emigró a las filas de MORENA al igual que otro operador beltronista en Morelos, el hoy candidato a una diputación federal en ese estado, Jorge Argüelles, pareja sentimental de la cantante Belinda.

No se puede minimizar la defensa de Yeidckol a Beltrones y su grupo en momentos en los que además del desarrollo del proceso electoral, ha existido una fuerte pugna entre la federación y el gobierno de Chihuahua por la competencia jurisdiccional para conocer del caso. Lo que para AMLO significaría un costo político mayor, para la presidenta de su partido ha sido una tarea cotidiana: enviar el mensaje de que defenderán a Beltrones y a su circulo una vez que lleguen al poder. La última ocasión fue en el programa de radio de Joaquín López Dóriga, cuando en ocho ocasiones Yeidckol llamó “preso político” a Alejandro Gutiérrez, para reunirse esa misma tarde con Canek Vázquez, como él mismo dio a conocer en su cuenta de Twitter.

De lo que sí se ha encargado AMLO es de hacer notoria su oposición a una Fiscalía autónoma.

Desde antes que iniciara la campaña, AMLO presentó la terna que enviaría al Senado –de ser electo presidente– para la designación del primer fiscal general, pero en realidad ese proceso de designación no tiene sustento constitucional ni legal.

Como se encuentran hoy las cosas, gracias a una mala reforma al artículo 102 de la Constitución en 2014, la Fiscalía podría entrar en vigor con una falsa autonomía si el actual Senado aprueba la Ley Orgánica que tiene congelada desde hace más de dos años y el presidente promulga esa ley. Además quien sea procurador en el momento de la entrada en vigor de la Fiscalía, se convertiría en el primer Fiscal hasta por 9 años, pues la reforma que elimina el famoso pase automático no ha sido aprobada por las 17 legislaturas de los estados que se requieren.

Pero si el Senado aprueba la minuta y envía la ley al Presidente, Peña Nieto podría administrarla sin promulgarla, para contar con una carta de negociación frente al ganador de la elección y nombrar un procurador de común acuerdo, o heredarla al propio AMLO para que sea él quien designe a un procurador que el senado entrante ratifique. Una vez designado, podría –ahora sí– promulgarse la Ley Orgánica y entraría en vigor la Fiscalía con el Fiscal elegido por el nuevo presidente. La encrucijada para Peña sería cómo salvar a Lozoya con Santiago Nieto en las filas de AMLO y con un adelantado pacto con Beltrones.

Así las cosas –con Yeidckol defendiendo a Beltrones y AMLO enviando el mensaje de su intención de mantener el control de la acción penal–  el caso Chihuahua y el caso Odebrecht, podrían definir el futuro de la Fiscalía General, que si condiciona su existencia a un pacto de impunidad para cualquiera de los involucrados, minaría su autonomía.

Lo que debe hacerse es exigir al siguiente congreso que prioritariamente reforme el artículo 102 de la constitución y a las legislaturas de los estados que culminen la eliminación del pase automático a la brevedad, para evitar un posible albazo por parte de un Senado repleto de suplentes en la transición. Si se pacta impunidad para cualquiera de los responsables del financiamiento ilícito de campañas priistas, la Fiscalía General nacería atada al poder político. Como la PGR. Como siempre. Mientras la crisis de impunidad nos sigue carcomiendo.

Alfredo Lecona

Activista. Defensor de derechos humanos. Manifestante. Nació en la Ciudad de México en 1986. Apasionado de la libertad de expresión desde mayo de 2012, cuando jóvenes universitarios dieron una lección de dignidad al país. Ha promovido y acompañado procesos legislativos y políticos desde la sociedad civil y como asesor parlamentario, sin haber pertenecido nunca a partido político alguno. Apartidista. Consultor en temas de libertad de expresión, justicia, corrupción, transparencia y organizaciones de la sociedad civil.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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