'Una campaña contra críticos': la ruta que podría llevar al gobierno de AMLO ante la justicia internacional por ataques a periodistas y defensores

Por Marcos Martínez Chacón*

Los casos de violencia ejercida contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrían ser juzgados ante la justicia internacional como crímenes de lesa humanidad, dijo Lindsay Freeman, investigadora del Centro de Derechos Humanos (HRC) de la Universidad de California en Berkeley.

El centro de investigación documentó en una plataforma llamada “Bajo Ataque en México” al menos 337 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos durante el mandato de López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.

No obstante, en entrevista, Freeman dijo que los asesinatos de periodistas y defensores durante la anterior administración no deben verse de manera aislada.

Para Freeman, la violencia sufrida a nivel físico por críticos y periodistas durante el periodo analizado también se extendió a otros planos, como el digital, a través de ciberacoso y espionaje ilegal.

Además, dijo, en el plano legal los periodistas experimentaron una “ola” de demandas interpuestas por funcionarios y exfuncionarios con el fin de emprender una “guerra jurídica” contra quienes investigan actos de presunta corrupción.

“Así que realmente son todas estas cosas puestas una junto a la otra: estigmatización, acoso en línea, espionaje, procesos legales abusivos y el nivel de impunidad; cuando juntas todo eso, entonces no parecen incidentes aislados.

“Realmente parece una campaña concertada contra las personas que están tratando de exigir rendición de cuentas al poder”, dijo Freeman a Aristegui Noticias.

Al analizar el caso en su conjunto, dijo la investigadora, el centro inicialmente consideró presentar las evidencias recabadas ante la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de colaborar en un potencial examen de la situación mexicana.

En particular, el centro había visto una oportunidad para que se analizaran las evidencias a la luz del derecho internacional al proveer datos específicos de ataques generalizados y sistemáticos contra periodistas y defensores, explicó.

Los investigadores consideraron que el contexto de violencia sufrido por periodistas y defensores durante el gobierno de López Obrador podía castigarse a la luz del Estatuto de Roma, el cual México ratificó en 2005. 

La ratificación y posterior entrada en vigor del estatuto en México dio jurisdicción a la CPI para conocer de crímenes de su competencia cometidos en territorio mexicano.

Los elementos de agresiones en contra de periodistas y defensores desde el poder que observaron, agregó Freeman, podrían ser castigados bajo los preceptos de ese tratado internacional multilateral. 

Pero las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump contra la CPI convirtieron la colaboración del HRC de UC Berkeley con el órgano internacional en un “riesgo legal”.

Por esa razón, dijo Freeman, el centro cambió de planes y convirtió el expediente en una plataforma de consulta libre.

Despliegue de Pegasus colocó al caso México bajo la lupa

Freeman dijo que la investigación de lo ocurrido durante la gestión de López Obrador inició mientras su equipo del HRC revisaba evidencias del despliegue de sistemas de espionaje digital a nivel internacional.

A partir de esa revisión, explicó, comenzaron a notar un patrón de abusos en México, que no solo incluía un despliegue amplio de Pegasus, sino también un contexto de violencia generalizada y sistemática contra periodistas y defensores.

Los investigadores estaban enfocados en revisar situaciones en las cuales softwares como Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, habían sido desplegados en contextos donde ocurrían otros tipos de violaciones de derechos humanos, explicó.

“Por qué terminamos centrándonos en México se debió a la documentación que existía en términos de abuso de software espía, Pegasus en particular, pero también otras tecnologías de vigilancia. Y que eso esté sucediendo junto con ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos”, dijo la investigadora.

La primera revelación del despliegue de Pegasus en México ocurrió en 2017 a través de una investigación conjunta del diario The New York Times, las organizaciones Artículo 19, R3D y SocialTIC, y el centro de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

Ese despliegue ocurrió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La investigación reveló que al menos 25 víctimas en México, entre las que se encontraban activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, habían sido blanco de espionaje con Pegasus.

Entre las víctimas se encontraba la periodista Carmen Aristegui, cuyo caso fue el primero en ser reconocido judicialmente.

Investigaciones posteriores han documentado el despliegue descontrolado de Pegasus en México.

Por ejemplo, en 2021, la investigación internacional llamada Pegasus Project documentó que 50,000 números telefónicos habían sido incluidos en una lista de potenciales blancos de espionaje. Más de 14,000 de los números eran mexicanos.

La investigación fue coordinada por Forbidden Stories, una organización francesa dedicada al periodismo de investigación, y Amnistía Internacional.

Más de 80 periodistas a nivel internacional, de 17 medios y organizaciones, entre los que se encuentra Aristegui Noticias, colaboraron en la revisión de evidencias.

Además, también se han acumulado evidencias del despliegue de Pegasus antes y después de que López Obrador asumiera la Presidencia.

El ciberespionaje con Pegasus ocurrió durante la anterior administración pese a que López Obrador había prometido no hacer uso del software.

La evidencia ha surgido a través de investigaciones periodísticas y de documentos judiciales difundidos en California tras una demanda de Meta, dueña de WhatsApp, contra NSO Group.

Durante el juicio en California, Meta documentó que unos 1,400 usuarios de WhatsApp habían sido infiltrados con Pegasus en 2019, ya con López Obrador en el gobierno. El país con el mayor número de intrusiones fue México.

Después, una investigación difundida en 2022 por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) documentó, con apoyo técnico del Citizen Lab, más casos de espionaje con Pegasus durante el gobierno de López Obrador.

Entre las víctimas documentadas están el analista político Ricardo Raphael, un periodista anónimo del medio Animal Político, el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos y dos activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

R3D había documentado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) estableció contratos con la empresa Antsua, que tenía derechos exclusivos para ofrecer Pegasus a la dependencia.

El reporte de la organización de derechos digitales se basó en buena parte en la filtración masiva de documentos gubernamentales hecha por el colectivo Guacamaya, denominada “Guacamaya Leaks”.

Los contratos fueron establecidos por el “Servicio de Monitoreo Remoto de Información” para un usuario final denominado Centro Militar de Inteligencia (CMI), de acuerdo con la investigación.

“Lo que hemos visto en México es que esos recursos han sido desplegados en contra de la gente incorrecta. Gente que solo está reportando lo que el Ejército hace, sobre su reputación, mientras el crimen y la violencia van al alza”, dijo Freeman.

La plataforma “Bajo Ataque en México” desglosa evidencias de violencia e impunidad

La plataforma digital construida por el HRC consiste en ocho secciones, tres de las cuales corresponden al contexto, las fuentes utilizadas y la metodología de la investigación.

En la página principal se muestran también bases de datos de las 337 víctimas mortales, de las cuales 78 eran periodistas y 259, defensores de derechos humanos.

Además, se incluye un recurso interactivo destinado a las agresiones verbales lanzadas por López Obrador contra periodistas y críticos de su gobierno. La sección incluye una herramienta para hacer búsquedas sobre las frases y términos usados por el exmandatario para denostar a la prensa.

Las cinco secciones principales restantes son acoso, espionaje, procesos legales, violencia e impunidad.

Estos cinco elementos revelan la situación generalizada y sistemática de violencia que sufren los periodistas y defensores en México, de acuerdo con la plataforma.

Cada una de esas cinco secciones despliega un listado detallado de casos que el centro considera evidencias de los ataques sistemáticos contra periodistas.

Por ejemplo, en la sección sobre acoso se dedica buena parte del análisis a las redes digitales de agresiones activadas durante la gestión del expresidente contra periodistas y críticos.

En esta sección se hace énfasis en las agresiones verbales de López Obrador contra periodistas y críticos durante las “mañaneras” presidenciales.

Freeman dijo que uno de los elementos que llamó la atención de su equipo de investigadores fue el efecto en las redes sociales de las agresiones lanzadas por el exmandatario.

Las agresiones no solo incluían insultos, dijo, sino también la divulgación ilegal de datos personales de algunos de los periodistas agredidos.

“Lo que veíamos que pasaba después de eso, cuando mencionaba a medios de comunicación en específico, es que también había lo que parecía una estrategia de acoso en línea muy coordinada, donde redes de bots se usaban para amplificar lo dicho por el presidente”, sostuvo Freeman.

Otro de los casos de acoso digital mencionados en la plataforma del HRC es el que habría sido orquestado desde la ahora extinta agencia de noticias estatal Notimex. Ese caso fue documentado en 2020 por Artículo 19, Signa Lab del ITESO y Aristegui Noticias.

En aquel momento, trabajadores y extrabajadores de la agencia estatal denunciaron que la entonces directora de Notimex, Sanjuana Martínez, había orquestado una red de acoso digital contra periodistas y críticos a través de cuentas falsas en la plataforma Twitter, ahora X.

La plataforma del HRC también retomó la investigación de Aristegui Noticias sobre el chat de WhatsApp llamado “Avengers N”, a través del cual funcionarios de Notimex ordenaban a sus subordinados lanzar mensajes agresivos en Twitter contra periodistas y críticos.

Una investigación posterior de Artículo 19, dice la plataforma, basada en los chats “Fiesta de Halloween” y “SOS”, documentó que la red de acoso continuó tras la revelación inicial. Esos chats estaban dirigidos ahora a socavar la huelga declarada por el sindicato de Notimex.

“La revelación desencadenó una nueva ola de ataques contra quienes informaron al respecto. El columnista Héctor de Mauleón documentó que Carmen Aristegui fue atacada en las redes sociales por publicar la información”, dice la plataforma.

Martínez negó en su momento la veracidad de los reportes, recordó el HRC. Sin embargo, el centro también alertó sobre la impunidad que prevaleció en el caso.

“La operación de Notimex, revelada mediante directrices por escrito y cuentas identificadas, no dio lugar a ninguna investigación sobre la dirección de la agencia, a pesar de las denuncias formales de Artículo 19 y de un pronunciamiento del propio Consejo Asesor Editorial de la agencia”, dice la plataforma del centro.

En la sección dedicada al análisis de la “guerra judicial” emprendida por funcionarios contra críticos se destaca la creciente interposición de demandas por “daño moral”.

Entre las demandas mencionadas está una de las dos interpuestas por el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira contra el académico Sergio Aguayo, a raíz de críticas hechas por el analista.

La primera demanda, interpuesta en 2016, fue resuelta a favor de Aguayo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poco antes de la resolución a favor del analista, Moreira lo demandó otra vez por críticas de Aguayo.

En la plataforma del HRC, la sección sobre violencia, en particular, desglosa estado por estado las cifras totales de periodistas y defensores asesinados durante el gobierno de López Obrador. El total arroja 337 víctimas.

En un mapa interactivo aparece el estado de Oaxaca con el mayor número de víctimas mortales durante el periodo, con un total de 62.

La impunidad aparece en la octava sección de la plataforma. Ahí, el HRC dijo que el promedio de impunidad en los crímenes contra periodistas y defensores cometidos durante el anterior gobierno no fue menor del 93%.

El centro, además, incluyó un análisis sobre lo que llamó la “erosión de la arquitectura de rendición de cuentas bajo López Obrador”.

En ese análisis se enlistan distintos elementos, como el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra, militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

También aparecen en la lista las medidas aplicadas durante el anterior gobierno para limitar la cooperación de las fuerzas de seguridad con las agencias de inteligencia estadounidenses.

Entre las acciones que erosionaron el sistema de rendición de cuentas, dice el centro, también estuvieron las propuestas de reforma para eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la reforma judicial que instauró un sistema de elección por voto popular de cientos de jueces.

El centro retomó las alertas lanzadas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a los impactos de la reforma judicial.

La CIDH ha reiterado que la reforma amenaza la “independencia judicial y el Estado de derecho”, recordó el centro.

Las rutas para llevar el caso mexicano ante la justicia internacional, según Freeman

En el contexto actual, las sanciones del gobierno de Trump han socavado la operación de la CPI, dijo Freeman. 

Aunque esas sanciones obligaron al HRC a cortar los lazos que había mantenido con el organismo y, por lo tanto, a renunciar a su plan de presentar sus hallazgos sobre México ante la CPI, no es la única vía que podría llevar la sistematicidad de los ataques a periodistas ante la justicia internacional.

Poco después de asumir la Presidencia por segunda vez, Trump firmó el 6 de febrero de 2025, una orden ejecutiva que estableció un nuevo régimen de sanciones contra la CPI y señaló expresamente al entonces fiscal del organismo, Karim Khan. 

Una semana después, el Departamento del Tesoro incluyó formalmente a Khan en su lista de personas sancionadas, lo que implicó el bloqueo de sus bienes e intereses sujetos a la jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con personas y entidades de Estados Unidos. Khan fue removido del cargo en julio tras enfrentar un proceso luego de que fue acusado de conducta sexual inapropiada. 

Las sanciones, sin embargo, fueron anunciadas por Trump luego de que la CPI giró órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant. En la orden, Trump dijo que las órdenes de la CPI representaban acciones “ilegítimas y sin fundamento” en contra de un aliado de Estados Unidos.

La CPI había ordenado su arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos en Gaza, al menos entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024.

Tras esas primeras acciones del gobierno de Trump, la administración estadounidense ha escalado su ofensiva contra la CPI. La agencia Reuters reportó el 21 de septiembre que el gobierno de Trump prepara sanciones contra la CPI como institución, ya no únicamente contra sus funcionarios.

En el caso mexicano, Freeman explicó que, en primer lugar, las víctimas pueden acudir directamente ante la Oficina del Fiscal de la CPI para denunciar sus casos.

Una vez que las propias víctimas denuncien y los casos se acumulen, la CPI podría decidir abrir un proceso de examen en torno a México.

“El tribunal tendrá que sopesar muchas cosas”, sostuvo. “Analizan la gravedad del caso, a quién podrían responsabilizar, quién sería el más responsable, la viabilidad de su capacidad de investigar”.

En caso de que la CPI decidiera asumir el reto de abrir un proceso en torno al caso mexicano, explicó, un “buen resultado” no necesariamente tiene que traducirse en juicios en La Haya.

“Un resultado muy bueno podría ser la apertura de un examen preliminar”, dijo Freeman. “Porque pone presión en el sistema nacional para actuar”. 

Dijo que un ejemplo de los efectos que puede tener la apertura de un “examen preliminar” en torno a México desde la CPI es el de Colombia. 

Ahí, dijo, la CPI tuvo un proceso de “examen preliminar” por más de 17 años ante la sospecha de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. 

“En ese tiempo, sirvió como una protección para aquellos en las cortes nacionales para tener más valor para denunciar, tener respaldo y protección, porque había un organismo internacional asistiendo y viendo lo que ocurría”, dijo.

Pero, de acuerdo con Freeman, la CPI no es la única ruta por la cual podría juzgarse a México por el contexto de violencia sistemática y generalizada contra periodistas y defensores.

“Existe el principio de jurisdicción universal, donde los casos internacionales pueden ser presentados en otras jurisdicciones nacionales. Entonces creo que hay otras opciones”, dijo Freeman.

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* El autor es periodista. Actualmente es profesor del Tecnológico de Monterrey, donde imparte un curso sobre redes y algoritmos.