La Fiscalía presidencial en contexto | Artículo

"Hasta ahora, el combate a la corrupción ha sido más un escudo y engaño que una realidad", escribe Héctor Tajonar.

  • Héctor Tajonar
2021-09-28T19:55:20
La Fiscalía presidencial en contexto | Artículo
Foto: Victoria Valtierra/ Cuartoscuro

Por Héctor Tajonar

El Supremo Poder Ejecutivo en funciones ostenta un poder mayor al que tuvieron los mandatarios durante el zenit del presidencialismo autoritario. Dicha supremacía incluye el control de la Fiscalía General de la República. Salvo el penoso caso personal del fiscal Gertz Manero relacionado con su familia política, las demás decisiones de la FGR provienen o al menos tienen el beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la herramienta principal de su inexorable forma de ejercer el dominio.

No obstante, el inmenso poder presidencial del mandatario en turno no es absoluto. El “cambio de régimen” de la cuarta transformación también tiene su “mafia del poder”. En este caso ya no está formada por la cúpula empresarial, cuya influencia ha sido acotada mediante la sutil advertencia de que su rebeldía podría costarles la libertad o su tranquilidad. La nueva élite del poder está integrada por otras dos fuerzas que podrían representar un riesgo real de desestabilización: el Ejército y el crimen organizado.

Te puede interesar: Solicitan a la UIF investigar a Gertz Manero por posibles delitos financieros | Carta

En ambos casos la estratagema está basada en el pragmático principio de “Si no puedes con el enemigo, únetele”. La nueva mafia del poder creada por el régimen purificado de la 4T está constituida por tres vértices representados por las cúpulas de las Fuerzas Armadas, el narcotráfico y el Poder Ejecutivo. Ese es el triángulo secreto de la corrupción actual.

Los hechos que sustentan mi argumento son los siguientes: El caso Ayotzinapa, empantanado desde hace siete años; la repatriación y fulminante exoneración del general Cienfuegos, la irrefrenable militarización del país, la permisividad con el crimen organizado, los nulos resultados del juicio a Lozoya, el pacto de impunidad de facto con el expresidente Peña Nieto, paradigma de la corrupción que se dice combatir; y, en contraste, la inaudita embestida judicial contra un grupo de científicos. De todas estas aberraciones de la procuración de justicia, la corresponsabilidad del presidente es una evidencia oculta tras el velo de una inexistente autonomía de la FGR. El verdadero rostro de la justicia presidencial esbozada en mi artículo anterior se revela cada día con mayor claridad.

La razón de fondo del estancamiento de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa es el involucramiento del Ejército en esos trágicos acontecimientos y la orden dada por los altos mandos militares para encubrirlo. De ese camuflaje castrense surgió la “verdad histórica” que el gobierno actual se comprometió a desmentir. Mediante el primer decreto oficial expedido por el presidente López Obrador el 3 de diciembre de 2018, se creó una Comisión de la Verdad para aclarar el caso, sin que hasta ahora haya habido ningún avance significativo. Era el inicio del sexenio, cuando el presidente prometía enfáticamente regresar a los militares a los cuarteles.

Tras el intempestivo giro de 180 grados, hoy vivimos un proceso de militarización sin precedente desde que la Presidencia ha sido ocupada por civiles. Esa deplorable circunstancia representa un obstáculo infranqueable para que se aclare lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala. Con la intención de encubrir cualquier responsabilidad de los altos mandos del Ejército, el general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa Nacional, se opuso de manera terminante a que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o de la ONU interrogaran a los soldados presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa: “No permitiré que mis soldados sean interrogados”.

Desde 2014, se sabe que a través del sistema C-4 el Ejército tuvo información en tiempo real de lo sucedido y que efectivos de inteligencia militar estuvieron presentes en el lugar de los hechos. En un principio, el acceso a la brigada del 27 Batallón de Infantería, vital para llegar a la verdad sin cortapisas sobre la desaparición (o asesinato) de 43 estudiantes, le fue negado al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (Gobierno del encubrimiento, Proceso, 22/X/2015). La presión internacional obligó al gobierno anterior a ceder. Hoy se ha confirmado que los testimonios de los militares fueron testados por la PGR y que muchas declaraciones fueron obtenidas bajo tortura (Aristegui Noticias, 28/IX/2021).

Te puede interesar: Diez claves para entender cómo va el caso Ayotzinapa

Varios generales cercanos al general Cienfuegos ocupan altos cargos en la actual Secretaría de la Defensa, menciono dos: Alejandro Saavedra, encargado del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, fue jefe de la 35 Zona Militar en Chilpancingo cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; y José Luis Sánchez León, director de la Industria Militar, era el responsable operativo de la zona en la que se dieron las ejecuciones de civiles en Tlatlaya durante la gestión de Cienfuegos. La imposición de la otra mentira histórica sobre el fusilamiento extrajudicial de 22 personas presuntamente perpetrado por militares el 30 de junio de 2014, en Tlatlaya, también ha quedado en el limbo de la impunidad militar (El espejo de Tlatlaya, Proceso, 16/X/2014).

A pesar de que López Obrador es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente y su fiscal han acatado la orden del alto mando castrense. Donde manda general, no gobierna sargento. El mandatario cuatroteísta tuvo que volverse a cuadrar frente al poder militar en el bochornoso otorgamiento de la impunidad, sin juicio alguno, al general Cienfuegos, acusado en Estados Unidos de los delitos de conspiración internacional por narcotráfico y lavado de dinero.

Al enterarse de la aprehensión del ex secretario de la Defensa en Los Ángeles, López Obrador se comprometió a que todos los involucrados en los delitos del general Cienfurgos que permanecieran en la Sedena serían suspendidos y, en su caso, sancionados. Al día siguiente tuvo que recular y tragarse sus palabras. Tal vez el mandatario de las promesas incumplidas ignoraba que entre los posibles cómplices de Cienfuegos estaban el subsecretario, André Foullón, y el Jefe del Estado Mayor de Sedena, Homero Mendoza, así como el actual secretario de la Defensa, general Cresencio Sandoval, quien fungió como Comandante de la Cuarta Región Militar con sede en Nuevo León durante la administración anterior.

El ominoso sometimiento presidencial a los dictados del poder castrense convirtieron al dueño de la 4T y a su Fiscalía en defensores de la impunidad militar y cómplices por omisión de los delitos que se le imputaron al ex secretario de la Defensa en Estados Unidos. El compromiso presidencial de abatir la corrupción y de combatir la penetración del crimen organizado dentro de las fuerzas armadas simplemente se esfumó. Ya no se habla del asunto.

López Obrador ha hecho del Ejército su principal cómplice y guardián. El riesgo de que México se convierta en un narcoestado o narcogobierno, como lo advirtió el propio mandatario, se trasformó en una oportunidad para darle cuerpo al dislate “abrazos no balazos”. Ello significa no sólo una abdicación de la responsabilidad primordial del Estado, sino una manera tan pedestre como perversa de ocultar la colusión entre la milicia y el crimen con la aquiescencia de Andrés Manuel Primero los Pobres.

La liberación de Ovidio Guzmán, el saludo a la mamá del Chapo, el “dejar hacer, dejar pasar” al narco, la permisividad ante la creciente participación del crimen en los procesos electorales así como no tocar al narcotráfico ni con el pétalo de una ley funcional que descriminalice la producción, distribución y consumo de la mariguana; o bien la llegada del presunto delincuente Ricardo Gallardo a la gubernatura de San Luis Potosí, son hechos que revelan la podredumbre que permea a la justicia presidencial y a su Fiscalía.

Todo ello muestra que, hasta ahora, el combate a la corrupción ha sido más un escudo y engaño que una realidad. En contraste con la mendacidad, abulia y fracaso de la procuración de justicia en temas de primordial importancia para el país, el poder y la furia de la FGR se ha dirigido contra un grupo de 31 científicos y ex funcionarios del Conacyt a quienes se les acusa de delincuencia organizada. Azuzado por el desvarío palaciego, el fiscal se empecina por imponerles una pena de más de 80 años en una prisión de alta seguridad.

“La injusticia de la justicia” fue criticada por Lorenzo Meyer, en los siguientes términos: “¿Por qué (la Fiscalía) no se le lanza a Peña Nieto? Lo de los científicos es como usar un cañón para matar un mosquito” (Aristegui Noticias, 27 de septiembre de 2021). A mi juicio, el certero diagnóstico del más sólido y entusiasta defensor de la “cuarta transformación” y su “cambio de régimen”, parte de un supuesto erróneo: que la Fiscalía es verdaderamente autónoma y no depende en los hechos de la voluntad presidencial.

López Obrador no sólo usa y abusa del poder presidencial sino diariamente hace alarde de ello en lo que más disfruta y mejor practica: el autoelogio, la demagogia y la intimidación. Dicha supremacía le ha permitido cumplir (casi) todos sus caprichos, al tiempo de exhibir el mayor de sus atributos políticos: el poder de equivocarse. Al carecer de los únicos antídotos contra la intoxicación de poder -la autocrítica y la rectificación-, el presidente persevera en el error con irrefrenable ahínco a fin de imponer la arbitrariedad de su dominio. Hace lo que quiere porque puede hacerlo. Ello implica una regresión política al parecer irreversible.

Temas Relacionados