opinión*
Aires campesindios en el nuevo gobierno (Artículo)
por Julio Moguel
(Foto: Archivo Cuartoscuro).

Julio Moguel

I                

El futuro subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez Carrera, resaltó en una entrevista reciente (Pie de página, 29 de julio de 2018) lo que desde hace tiempo y de manera reiterada ha dicho Andrés Manuel López Obrador: “en México habrá que consumir lo que el país produce”, perfilando con ello, para el campo mexicano, la meta de la soberanía alimentaria (línea fijada en el Proyecto de Nación-2018 del partido Morena), que lleve a revertir la pronunciada tendencia a la importación de alimentos, muy destacadamente los básicos y, entre éstos, la correspondiente al maíz. En un cálculo de José Luis Calva, las importaciones de alimentos se dispararon de 2,755.7 millones de dólares anuales durante el trienio 1980-1982 a 21,490.7 millones de dólares anuales durante el trienio 2008-2010, y ascendieron a 27,066.9 millones de dólares en 2011. En los datos aportados por Suárez Carrera, actualmente se importa el 42% de los alimentos consumidos en el país.

En la “crisis rural” que este encuadre refleja, el encadenamiento de las múltiples crisis regionales en curso tiene una altísima huella ecológica, generando procesos destructivos de hábitats y de espacios medioambientales que han llegado en no pocos casos a puntos de no-retorno o a condiciones de irreversibilidad.

II

De asumir la perspectiva de cambio señalada, dirigida a alcanzar la soberanía alimentaria, se requiere –en los propios cálculos de Suárez Carrera– un plazo no menor a quince o veinte años, pues llegar a la meta supone no sólo generar un estímulo de inversión básico y sostenido para “la reactivación productiva del 85 por ciento de las unidades de producción” (“unidades de 5 hectáreas o menos a las que se les ha negado su función productiva”), sino llevar hacia adelante una reconformación global de los sistemas de vida y producción de campesinos e indígenas del país en y desde sus propios territorios, ámbitos en los que se juega ya no sólo su sobrevivencia como “clase(s)”, sino la pervivencia de sus propias condiciones de vida y de reproductibilidad.

Desde lo dicho por Suárez Carrera se está marcando la pauta, entonces, para el despliegue de una estrategia gubernamental que deje atrás, al menos, cuatro visiones que, ahora o en épocas pasadas, aun siendo campesinistas o pro-indígenas, han quedado atadas a vicios y limitaciones de práctica y concepto que ahora conviene señalar:

  1. La de un sectorialismo economicista que parte del supuesto de que la reanimación económica y de vida de las unidades campesinas o indígenas de producción se gana básicamente en el juego de mercado (ganar, por ejemplo, “la apropiación del excedente”, frente a los intermediarios y los monopsonios, tan maléficos como voraces) y con incrementos sostenidos de su productividad;
  2. La que, ligada de muy diversas formas a la anterior, supone que los incrementos productivos campesinos tienen que darse en el marco de una creciente y cada vez más sofisticada línea de “especialización”;
  3. La que desde el mencionado esquema productivista y de especialización ha desvinculado el sentido de lo productivo-campesino (o indígena) de sus condiciones más robustas y estratégicas de sustentabilidad, haciendo a un lado la perspectiva onto-ecológica y social-alternativa del desarrollo que recoge la visión indígena del “buen vivir”. Perspectiva y visión que, entre otros rubros, rechaza la utilización de técnicas o innovaciones “científicas” que sólo sirven para mercantilizar a ultranza el espacio en que se teje el desarrollo y que –como en el caso del uso de transgénicos–, no parecen empatarse con criterios finos de sustentabilidad.
  4. La que deja a un lado toda perspectiva o aproximación territorial, subsumiendo “lo indígena” en “lo campesino” o “lo campesino” en “lo indígena”, sin considerar las complejas relaciones de esos conglomerados sociales con su medio físico y “su entorno”, y sin tomar en cuenta a la vez las potencialidades trenzadas o diferenciadas de cada uno de ellos para marcar las rutas de sus propios desarrollos y desplegar sus iniciativas autónomas o autonómicas, de participación y de gestión.

III

En el prólogo que Andrés Manuel López Obrador redactó para el libro de Armando Bartra, La utopía posible (La Jornada Ediciones-Itaca, 2011), podemos leer señalamientos como el siguiente: “Así como en las comunidades se conservan semillas orgánicas y variedades de maíz que forman parte de la gran riqueza genética de México, allí también existe un modo de vida alejado de la ambición, de la codicia y del odio”. Unas líneas antes, el mencionado prologuista había indicado que [la] concepción del mundo y [el] modo de vida [indígena] nunca se ha querido reconocer y menos se ha respetado, no sólo por desconocimiento, sino por conveniencia.”

Dentro de ese marco conceptual se inscriben y cobijan algunas de las conceptualizaciones de Bartra en torno a lo que “sí debe contemplar” una estrategia de regeneración del campo mexicano. En Cosechas de ira (Itaca, 2003), el conocido escritor campesinista indica: la producción campesina (o la indígena, con sus variantes) desarrolla “proyectos pluridimensionales promovidos por agrupamientos multiactivos”.

Tal condición pluridimensional y multiactiva de la producción campesina no riñe con la producción agrupada o calificada por sector (cafetaleros, silvicultores, cosechadores de granos, etcétera): de hecho, hay en el fenómeno una imbricación o lógica de complementariedad. Pero la ruta que tendría que dominar estas lógicas complementarias de producción es o debería de ser “la perspectiva pluridimensional y multiactiva” señalada, pues ello se ajusta más a la “condición polifórmica de las comunidades agrarias y las familias campesinas”.

Parece ser entonces, agregará Bartra, “que la mejor apuesta estratégica de los campesinos [e indígenas, añadiremos nosotros] está en esgrimir y potenciar la pluralidad de sus funciones y en estructurar sus luchas de manera integral, articulando aspectos estrictamente económicos con dimensiones sociales, ambientales, culturales y políticas”.

Cabe suponer, en consecuencia, que las distintas dependencias relacionadas con la problemática rural del próximo gobierno encabezado por AMLO tendrán que tejer sus propios esquemas de intervención despojándose del concepto y prácticas sectorializadas o separadas entre sí: en una confluencia o fusión de políticas públicas cuya lógica de articulación esté dada por la propia naturaleza y dinámica de los sujetos sociales a los que tales dependencias sirven o acompañan.

Reto mayúsculo, sin duda, semejante a otros tantos que ya han sido anunciados por el futuro Presidente o por uno u otro destacado miembro de su gabinete en gestación.

Julio Moguel

Economista de la UNAM, con estudios de doctorado en Toulouse, Francia. Colaboró, durante más de 15 años, como articulista y como coordinador de un suplemento especializado sobre el campo, en La Jornada. Fue profesor de economía y de sociología en la UNAM de 1972 a 1997. Traductor del francés y del inglés, destaca su versión de El cementerio marino de Paul Valéry (Juan Pablos Editor). Ha sido autor y coautor de varios libros de economía, sociología, historia y literatura, entre los que destacan, de la editorial Siglo XXI, Historia de la Cuestión Agraria Mexicana (tomos VII, VIII y IX) y Los nuevos sujetos sociales del desarrollo rural; Chiapas: la guerra de los signos, de ediciones La Jornada; y, de Juan Pablos Editor, Juan Rulfo: otras miradas. Ha dirigido diversas revistas, entre ellas: Economía Informa, Rojo-amate y la Revista de la Universidad Autónoma de Guerrero.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.


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