La empresa a la que los gobiernos de AMLO y Sheinbaum entregaron casi 13 mil mdp y cuya dueña vive sobre una tienda de abarrotes: Arteaga

El Grupo de Seguridad Privada Pryse recibió 246 contratos de 28 instituciones del Gobierno mexicano entre 2019 y 2026, por un monto aproximado de 12 mil 900 millones de pesos sin IVA, durante las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, aseguró el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, detalló que la empresa, cuya accionista mayoritaria es Silvia Muciño Negrete -una señora de 90 años que vive sobre una tienda de abarrotes-, concentró una parte importante de las contrataciones gubernamentales para servicios de seguridad privada subrogada. Al sumar el impuesto al valor agregado (IVA), los recursos recibidos rondarían los 15 mil millones de pesos.

Arteaga señaló que el monto supera seis veces la cantidad que actualmente se encuentra bajo escrutinio por los contratos adjudicados durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo valor se ha estimado entre 646 millones y mil millones de pesos, dependiendo de los contratos considerados.

El periodista explicó que la investigación surgió a partir de la revisión de las contrataciones de servicios de seguridad privada realizadas por distintas instituciones públicas y de la concentración de estos recursos en un reducido grupo de proveedores.

“Hay en México cinco mil 124 empresas que podrían dar el servicio de seguridad subrogada a las distintas dependencias del gobierno federal, del gobierno de México, y sin embargo, el gobierno mexicano reparte todo el pastel entre tres, cuatro empresas, y Grupo Pryse es como que la favorita del gobierno mexicano”, expuso.

La compañía obtuvo contratos con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar, Caminos y Puentes Federales (Capufe), el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Tren Maya y la Secretaría de Marina, entre otras.

Según los datos recabados por Arteaga, el IMSS y el IMSS-Bienestar concentran una proporción importante de los recursos destinados a la empresa. Señaló que el Seguro Social representa 39.5 por ciento de los contratos, mientras que Capufe concentra 16.3 por ciento y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 7.2 por ciento.

El periodista también mencionó que el IMSS-Bienestar ha otorgado contratos por tres mil 107 millones de pesos, equivalentes a 24.1 por ciento de la contratación referida. Por su parte, Capufe ha pagado dos mil 98 millones de pesos y el AICM, 925 millones de pesos. El Tren Maya aparece con contratos por 185 millones de pesos.

Uno de los aspectos que destacó es el crecimiento de las adjudicaciones durante 2025, cuando la empresa recibió 70 contratos por un total de cinco mil 552.9 millones de pesos, cifra que representa el 43 por ciento del monto acumulado durante el periodo analizado.

Para 2026, los contratos registrados sumaban mil 525.7 millones de pesos. De obtener una nueva adjudicación en los próximos días, en una licitación de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Veracruz, por 646 millones de pesos, la compañía superaría los dos mil millones de pesos en contrataciones durante el año.

Dudas sobre la accionista mayoritaria

Arteaga se refirió al papel de Silvia Muciño Negrete, a la que identificó como la accionista mayoritaria de Grupo Pryse con una participación de 51 por ciento, además de figurar en documentación corporativa y contratos gubernamentales.

Explicó que el equipo de investigación verificó el domicilio que aparece en la credencial para votar de Muciño Negrete, así como las instalaciones del corporativo de la empresa, ubicadas en Jiutepec, Morelos.

El periodista describió que el domicilio registrado por la accionista corresponde a un departamento situado encima de una tienda de abarrotes y un depósito de cerveza, en una zona de condiciones modestas.

El dato llamó la atención del equipo de investigación debido a los montos millonarios que ha recibido la compañía y a la posición de Muciño Negrete como su principal accionista.

La mujer de 90 años aparece en distintos documentos relacionados con las contrataciones. Sin embargo, Aretaga señaló que todavía buscan entrevistarse con ella para conocer su participación efectiva en la administración de la compañía y determinar si ejerce las facultades correspondientes a su posición.

“Lo que nos resulta extraño y que esta película, como te decía yo el fin de semana, ya la hemos visto mucho”, comentó al referirse a las características de la empresa y de su propietaria.

El periodista añadió que un especialista en grafoscopía forense revisó las firmas atribuidas a Muciño Negrete en algunos contratos gubernamentales y las comparó con la que aparece en su credencial para votar.

“Lo que me dice un grafólogo especializado forense es que él tendría dudas entre la firma que se exhibe en algunos contratos que tiene el gobierno de México con ella y la firma que tiene en la credencial de elector para votar”, explicó, aunque señaló que la edad de la accionista también podría influir en la manera en que realiza su rúbrica o el espacio de la firma en las credenciales.

El periodista aclaró que la edad no constituye por sí misma un impedimento para dirigir una compañía, pero consideró necesario establecer si Muciño Negrete participa efectivamente en las decisiones empresariales y si tiene capacidad para firmar y supervisar los contratos que recibe la compañía.

Aunque Muciño Negrete aparece como accionista mayoritaria, no todos los contratos gubernamentales llevan su firma. En el contrato 014-5/2023, celebrado con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), aparecen como firmantes Salvador Tapia Damián, representante legal de la compañía, y Edgar Daniel Islas Rodríguez y Amanda Viridiana Mata Almanza, en calidad de apoderados.

Tres contratos millonarios en un mismo día

Otro de los elementos documentados en la investigación es la adjudicación de tres contratos del IMSS a Grupo Pryse el 28 de noviembre de 2025, cuyos montos suman más de mil millones de pesos. Las contrataciones fueron por 365 millones 407 mil pesos, 343 millones 248 mil pesos y 334 millones 911 mil pesos, respectivamente.

Los tres contratos corresponden a servicios de seguridad subrogada para órganos de operación administrativa desconcentrada, unidades médicas de alta especialidad (UMAE) y centros vacacionales del régimen ordinario del Seguro Social.

Arteaga destacó la concentración de estas adjudicaciones en una misma fecha y precisó que, en conjunto, representaron alrededor de mil millones de pesos facturados por la empresa. “Para que nos demos una clara idea de lo que está sucediendo, esta empresa, mientras tú y yo dormimos, mientras la gente duerme, esta empresa factura por hora en el día 500 mil pesos por hora, por día, durante los 365 días del año”, afirmó.

El periodista también cuestionó la descripción de algunos contratos, debido a que sus conceptos no detallan de manera suficientemente específica los servicios contratados. Como ejemplo, mencionó el contrato número 30, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, cuya descripción señala: “Contratación de servicios generales prioritarios para el ejercicio fiscal 2024”. Posteriormente, las claves del documento identifican servicios de vigilancia y de limpieza e higiene.

La investigación también identificó contratos de limpieza especializada, mantenimiento de áreas y otros servicios que no se limitan a la vigilancia de instalaciones gubernamentales.

Entre ellos figura una contratación de Capufe por 47 millones de pesos para servicios de seguridad en plazas de cobro, áreas de descanso, servicios públicos, campamentos de conservación, servicios médicos y oficinas de la red del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), en el tramo México-Puebla.

Arteaga señaló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, tiene a su cargo la vigilancia de los procesos de contratación de Capufe, mientras que la Secretaría de Marina interviene en los ámbitos de su competencia, incluidos aeropuertos, puertos y aduanas.

Inhabilitaciones y amparos para continuar contratando

La investigación también identificó que Grupo Pryse fue objeto de inhabilitaciones durante 2025 por parte de órganos internos de control de tres instituciones: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el IMSS-Bienestar y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con Arteaga, los órganos internos de control cuestionaron información proporcionada por la compañía durante procesos de contratación, particularmente datos relacionados con negociaciones en las que participaban otras empresas. Apuntó que también se detectó la entrega de información que motivó a las instancias de control a emitir alertas para proceder con las inhabilitaciones.

Sin embargo, la empresa promovió recursos legales para continuar participando en procedimientos de contratación pública: “Esta empresa después de la inhabilitación que se dio en el 2025, generaron la serie de amparos para poder seguir trabajando de manera normal, y se les dieron los amparos y siguieron trabajando y recibieron contratos, siguieron recibiendo contratos, y siguen recibiendo contratos”.

Arteaga explicó que uno de los antecedentes ocurrió en diciembre de 2025, cuando la compañía consiguió participar en una licitación por mil millones de pesos, después de obtener una suspensión provisional que le permitió continuar en el procedimiento.

Según dijo, la suspensión se concedió ocho días antes de la licitación y el fallo se emitió diez días después, por lo que la empresa pudo continuar con sus actividades pese a los antecedentes de inhabilitación.

El periodista afirmó que actualmente la compañía se encuentra nuevamente inhabilitada, aunque su nombre aparece entre las empresas registradas para participar en una nueva licitación de la Asipona Veracruz. El procedimiento, previsto para este miércoles, corresponde a servicios de seguridad por un monto de 646 millones de pesos.

El periodista consideró que los montos y la concentración de contratos justifican una revisión de las auditorías practicadas a las instituciones que han contratado los servicios de Grupo Pryse. En particular, señaló la responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Comisión de Vigilancia de ese órgano legislativo en la revisión de los procedimientos de contratación y el destino de los recursos públicos.