El poder de nombrar: los nuevos combates por la historia | Por Mario Luis Fuentes

Por Mario Luis Fuentes.

Nombrar, nominar el mundo constituye un acto de dimensiones ontológicas. “En el principio fue el verbo”, cita Eduardo Nicol, para ilustrar el poder existencial que tiene el lenguaje en la construcción y definición de nuestra idea del mundo y las posibilidades de la vida humana en él.

Desde esa perspectiva, en nuestros días estamos viendo una tendencia, aparentemente trivial, que comienza a repetirse en la práctica política: los gobiernos cambian nombres y con ello pretenden también moldear o resignificar el mundo circundante: renombran calles, plazas, montañas, mares, lagos y monumentos. En México, se propuso sustituir el nombre del Paso de Cortés por el de Paso de los Pueblos Indígenas. Donald Trump convirtió, para la nomenclatura oficial estadounidense, el Golfo de México en “Golfo de América” y acaba de hacer lo propio con el lago Ontario, rebautizado como “Lake America”. En la India de Narendra Modi y en la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan pueden encontrarse procesos semejantes. Las circunstancias y justificaciones son distintas, pero todas permiten formular una misma pregunta: ¿por qué el poder político tiene tanto interés en nombrar nuevamente el mundo?

Formular o siquiera perfilar una respuesta comienza por reconocer que los nombres nunca son completamente inocentes. Nombrar significa introducir algo en un universo de significados. Una ciudad, una montaña o una plaza no poseen únicamente coordenadas geográficas: están rodeadas de relatos, acontecimientos, derrotas, victorias y memorias. El nombre funciona como una condensación simbólica del pasado. Precisamente por ello puede convertirse en territorio de disputa política.

Sabemos, además, que existen palabras que, además de describir la realidad, producen efectos sobre ella. Cuando una autoridad declara que determinado territorio tendrá desde ahora otro nombre, realiza un acto performativo. El decreto puede de hecho modificar mapas, documentos, libros escolares, señalizaciones y bases de datos. De esta manera, la intención es que poco a poco, la nueva palabra comience a organizar una nueva experiencia del espacio. El poder de nombrar es, por ello, también poder de instituir.

Todo orden político produce mecanismos mediante los cuales determinados discursos adquieren estatuto de verdad; de ello escribieron profusamente filósofos como Foucault y Ricoeur. En efecto, el poder no necesita necesariamente falsificar el pasado; puede operar seleccionando acontecimientos, jerarquizando memorias, desplazando unas palabras y privilegiando otras. La cuestión de fondo no se ubica entonces relativo a si el nuevo nombre es históricamente justificable, y se coloca en el ámbito de quién posee la autoridad para determinar cuál de las múltiples memorias de una sociedad debe convertirse en nomenclatura oficial.

El caso del Paso de Cortés permite observar la complejidad del problema. Resulta históricamente legítimo cuestionar una toponimia construida durante siglos desde perspectivas coloniales y recuperar la presencia de los pueblos indígenas, históricamente silenciada. Sería absurdo negar que los nombres heredados también expresan relaciones históricas de poder. Pero precisamente por ello sustituir un nombre exige algo más complejo que invertir los términos de la narración. Cortés pasó por aquel sitio y los pueblos indígenas lo hicieron mucho antes. Ambas afirmaciones pertenecen a la historia. Reconocer una no exige borrar la otra.

Aquí resulta indispensable Paul Ricoeur. En La memoria, la historia, el olvido mostró que la relación de las sociedades con su pasado está atravesada por una tensión permanente entre memoria, narración y olvido. Toda memoria selecciona; ninguna comunidad recuerda absolutamente todo. El peligro real se da cuando esa selección deja de reconocerse como interpretación y pretende adquirir la forma de una memoria única. Entonces el poder toma para sí, de forma exclusiva, la pretensión de administrar el olvido.

El fenómeno estadounidense muestra la misma operación desde un signo ideológico diferente. “Gulf of America” o “Lake America” no buscan reparar la memoria de comunidades históricamente subordinadas. Expresan una gramática nacionalista de apropiación simbólica del espacio. El lago Ontario seguirá siendo compartido con Canadá independientemente de lo que establezca Washington; pero precisamente por ello el acto resulta revelador. Su eficacia fundamental no es geográfica sino discursiva: proclama quién posee simbólicamente el territorio y quién tendría derecho a nombrarlo.

Lucien Febvre tituló uno de sus libros Combates por la historia. La expresión adquiere hoy una renovada actualidad. Los y las profesionales de la política están convirtiendo nuevamente el pasado en un campo de batalla política. Monumentos, conmemoraciones, museos, programas escolares y topónimos se transforman en posiciones que deben ser conquistadas. Quien consigue imponer el nombre parece obtener también una pequeña victoria sobre la interpretación de la historia.

Debe alertarse que las políticas identitarias de Estado, sustentadas en los discursos de la identidad, pueden atravesar un umbral peligroso. La distancia entre reivindicar una memoria y decretar quién pertenece verdaderamente a la comunidad puede reducirse con extraordinaria rapidez. La historia del siglo XX ofrece demasiadas evidencias de lo que ocurre cuando la identidad transita de una experiencia plural hacia un criterio político de pertenencia. El extranjero, el disidente, la minoría o quien conserva otra memoria comienza a aparecer como anomalía, o peor aún, como enemiga de una comunidad imaginada como homogénea.

Por ello una democracia madura debería resistirse tanto a la petrificación de los nombres heredados como a la fantasía de que basta sustituirlos para “corregir la historia”. Puede contextualizarlos, discutirlos, añadir otras memorias e incluso cambiarlos cuando existan razones suficientes y procedimientos públicos para hacerlo. Pero se debería desconfiar de cualquier gobierno que pretenda poseer la facultad de determinar unilateralmente cómo debe llamarse el pasado y con base en ello diseñar el presente e imponer un futuro posible.

Modificar una palabra no modifica lo sucedido. Cortés atravesó aquellas montañas, aunque su nombre desaparezca de los mapas; los pueblos indígenas estuvieron allí mucho antes, aunque durante siglos la toponimia los haya ignorado; el lago Ontario no adquiere otra historia porque un presidente firme un decreto. La pretensión de gobernar el pasado mediante el lenguaje revela una aspiración mayor: gobernar los marcos desde los cuales una sociedad puede recordarlo.

Lewis Carroll formuló quizá una de las intuiciones más penetrantes sobre este problema, en el diálogo entre Alicia y Humpty Dumpty. Cuando éste afirma que las palabras significan exactamente lo que él quiere que signifiquen, Alicia le plantea una objeción, es decir, si realmente es posible hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Humpty Dumpty desplaza entonces la discusión del terreno de la semántica al del poder: “la cuestión es quién ha de ser el amo; eso es todo”.

Esa idea adquiere una resonancia particular en nuestro presente. Y habría que cuestionar quién, cómo y con base en qué dispositivos de poder se atribuye la potestad de establecerlo y, sobre todo, desde qué posición pretende imponer una interpretación particular del pasado en el lenguaje común de toda una sociedad.

Si nombrar el mundo posee, como pensaba Nicol, una dimensión ontológica, apropiarse políticamente de los nombres significa disputar algo más profundo que “meras palabras”: implica intervenir sobre las condiciones simbólicas desde las cuales una comunidad reconoce su pasado, comprende su presente e imagina su porvenir.

El problema es, en consecuencia, esencialmente político: ningún poder puede reclamar para sí el monopolio del significado sin reclamar al mismo tiempo alguna forma de dominio sobre la memoria. Cambiar los nombres puede formar parte de una necesaria revisión crítica del pasado; convertir ese acto en potestad soberana para decidir qué debe ser recordado y bajo qué palabras debe serlo constituye algo distinto. En ese sentido, la respuesta democrática sólo puede consistir en negar la premisa sobre la que descansa su argumento: en una sociedad plural no puede haber un amo de las palabras, porque tampoco puede haber un amo de la historia.

Investigador del PUED-UNAM